Vuelve al Legislativo el tema de la legítima defensa

Beatriz Rojas / ÁlternautaMX

A pesar de que no se aprobaron durante la legislatura pasada las dos iniciativas que tenían que ver con las sanciones y exclusiones en el Código Penal por legítima defensa, el diputado por el PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, presentará ante el pleno una nueva iniciativa sobre el tema, para cambiar la redacción del artículo 27.
De acuerdo con la legislación estatal, se considera como legítima defensa, y por tanto, como acreedor a una cuarta parte de la sanción, la comisión de una actividad ilícita cuando esto responde a una intromisión en el hogar de quien la comete, en una dependencia cuyo trabajo es salvaguardar o en algún sitio en donde se encuentre su familia o bien cuando las circunstancias revelen la posibilidad de una agresión.

La reforma que propone Núñez Aguilar cambia sutilmente la redacción del artículo en su fracción sexta para cambiar los términos “bienes jurídicos” por “un bien jurídico”, “necesidad razonable de la defensa empleada” por “necesidad de la defensa y racionalidad del medio empleado”, “trate de penetrar” por “intrusión ilícita” y también propone eliminar la frase “salvo prueba en contrario” y cambiar “el hecho de causar daño” por “el actuar contra la intrusión”, dejando un tanto subjetiva la respuesta de quien actúa en supuesta legítima defensa o bien proporcionando un campo de acción mayor, con una respuesta a la intromisión que de alguna manera no cause daño al intruso pero sí constituya un ilícito.

Es pertinente señalar que durante la LXIII Legislatura, el mismo Ernesto Núñez propuso que la pena por cometer un delito en legítima defensa dejara de asignarse de acuerdo a un porcentaje de la pena del ilícito cometido para que implicara en todos los casos una pena mínima.

Casi simultáneamente, en el mismo mes de noviembre de 2017 en que el diputado verde presentó dicha iniciativa, la entonces coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI y actual diputada plurinominal, Adriana Hernández Íñiguez, planteaba reformar el artículo 27 para cambiar el término “causar daño”, que ahora Núñez pretende cambiar por “actuar” por “lesionar o privar de la vida”. Ambas iniciativas quedaron congeladas en la comisión de Justicia.