Por Isabel Rodríguez
A poco más de un año de la elección para renovar la gubernatura, Michoacán ha entrado en una etapa decisiva de reacomodos políticos. Lo que está en juego no es únicamente la sucesión en el Poder Ejecutivo estatal, sino la capacidad de las fuerzas políticas para ofrecer estabilidad, gobernabilidad y un proyecto viable para uno de los estados más complejos del país.
En Morena, la designación de la coordinación estatal de los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación será la primera gran prueba de cohesión interna. El partido ha reiterado que la decisión se tomará mediante encuestas, mecanismo que en los últimos años se ha convertido en el principal instrumento para la selección de sus candidaturas. En este escenario, un papel particularmente relevante ha recaído en la dirigencia estatal de Morena. Su presidente, Jesús Mora González, ha mantenido una postura institucional, de respeto a los tiempos políticos y de absoluta neutralidad frente a las distintas aspiraciones internas.
Entre los candidatos, Carlos Torres Piña solicitó licencia al cargo de fiscal general del estado por 45 días para participar en el proceso interno. Antes fue secretario de Gobierno y ha desempeñado diversos cargos de representación popular y partidista. Diversas mediciones demoscópicas lo colocan entre los perfiles mejor posicionados dentro de Morena, situación que lo convierte en uno de los actores centrales de la sucesión. Su principal fortaleza radica en una estructura política consolidada y en el conocimiento territorial que ha construido a lo largo de su trayectoria pública.
Por su parte, el senador con licencia Raúl Morón Orozco vuelve a colocarse en la antesala de la candidatura. En 2021 estuvo a un paso de convertirse en candidato a gobernador, pero la autoridad electoral le retiró la postulación por irregularidades en la fiscalización de gastos de precampaña.
No obstante, su nombre también ha sido objeto de controversia política. La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, presentó una denuncia para que se investiguen los señalamientos públicos relacionados con el asesinato del entonces alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez. Hasta el momento no existe resolución judicial que vincule al senador con dichos hechos, y el propio Morón ha rechazado categóricamente cualquier responsabilidad.
A la contienda también se sumó la diputada local Fabiola Alanís Sámano, quien solicitó licencia de manera indefinida. Con una larga trayectoria dentro del movimiento de la Cuarta Transformación y experiencia en cargos del gobierno. Sin embargo, su reciente encuentro con Raúl Morón Orozco, presentado como un mensaje de unidad y de apertura al diálogo entre las distintas expresiones de Morena, terminó generando el efecto contrario entre una parte importante de la militancia y los simpatizantes del movimiento. El acercamiento fue percibido como un desacierto político, particularmente por el desgaste de la relación de Morón con la dirigencia partidista y por las tensiones que ha mantenido con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Asimismo, Gladyz Butanda Macías dejó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad para incorporarse al proceso interno. No obstante, enfrenta importantes desafíos: su nivel de conocimiento entre el electorado sigue siendo limitado y diversos actores políticos la señalan como una candidatura estrechamente vinculada al mandatario estatal, más identificada como una pieza del proyecto político del gobernador que como una figura con una estructura propia y liderazgo consolidado. El principal reto para Butanda será demostrar que su aspiración responde a un capital político propio y no únicamente al respaldo del grupo gobernante.
La senadora Celeste Ascencio Ortega también solicitó licencia para participar en el proceso interno de Morena. Su candidatura destaca por asumirse públicamente como una mujer indígena y lesbiana, convirtiéndose en un símbolo de diversidad e inclusión dentro del movimiento.
Sin embargo, enfrenta retos importantes: su nivel de conocimiento en el estado sigue siendo limitado y aún no cuenta con una estructura territorial sólida. Además, algunos sectores consideran que el peso de su candidatura descansa más en el simbolismo de la representación que en una propuesta de gobierno claramente posicionada en temas como seguridad, economía y gobernabilidad.
