Por Alejandro Castañeda
Envejecer es algo que nos pasa a todos. Pero en muchas sociedades se valora a las personas solo por lo que producen. Así, la edad puede volverse una razón para dejarlas fuera. Quienes trabajaron toda la vida, criaron hijos y ayudaron a sus comunidades llegan a la vejez y se encuentran con prejuicios, abandono y límites para decidir sobre su propia vida.
La UNAM recordó este problema en un ciclo de conferencias sobre los derechos de las personas adultas mayores. Rodrigo Brito Melgarejo, de la Facultad de Derecho, dijo algo muy claro: la edad no puede usarse para ignorar la voluntad de alguien, quitarle derechos o dejarlo fuera de las decisiones que le afectan.
Lo que se dice parece obvio, pero nos obliga a mirar nuestras costumbres. ¿Cuántas veces pensamos que una persona mayor ya no puede decidir? ¿Cuántas familias deciden por ella con el pretexto de protegerla? ¿Cuántas veces se confunde envejecer con perder la capacidad de pensar?
A todo eso se le llama edadismo: tratar a alguien de forma injusta solo por su edad. Aparece cuando creemos que ya no sirve, que su opinión vale menos o que debe renunciar a su independencia.
El tema es cada vez más importante. Según datos citados por la UNAM, en 1995 había 541 millones de personas de 60 años o más en el mundo. En 2025 eran unos 1,200 millones, y se calcula que en 2050 habrá unos 2,100 millones. La población envejece rápido, y eso obliga a revisar las pensiones, los servicios de salud y los cuidados.
En México, la protección a los adultos mayores no depende solo de la buena voluntad. Existe una base legal. El artículo 1º de la Constitución prohíbe la discriminación por edad, entre otras razones, y obliga a las autoridades a respetar y garantizar los derechos humanos. Además, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores reconoce principios como la autonomía, la participación y la igualdad.
Desde abril de 2023, México también forma parte de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este acuerdo obliga al Estado a proteger la dignidad, la independencia y la participación de este grupo. No es un favor: son derechos que se pueden exigir.
Aun así, muchas personas llegan a la vejez sin pensión suficiente, sin atención médica oportuna o viviendo en casas en malas condiciones. Las mujeres enfrentan además una desventaja mayor, porque muchas trabajaron toda la vida en el hogar y cuidando a otros, sin salario ni seguridad social.
Por eso hablar de derechos no se reduce a dar dinero. Hacen falta servicios de salud accesibles, cuidados públicos, espacios comunitarios y formas de participar. También hace falta protección contra el maltrato y respeto para que cada persona decida sobre su dinero, su casa, sus relaciones y su proyecto de vida.
También conviene cuestionar la idea de que una persona mayor solo vale si sigue produciendo. Trabajar, participar o contribuir debe ser una opción, no una obligación para tener dignidad. Nadie vale menos por jubilarse o por necesitar cuidados.
Queremos una sociedad donde envejecer no signifique depender a la fuerza, quedar invisible o ser abandonado. Cuidar a alguien no es decidir por él, y proteger no debe servir de excusa para quitarle libertad.
La forma en que tratamos a quienes envejecen dice mucho de nuestra idea de justicia y solidaridad. Y envejecer es algo que nos toca a todos.
Los derechos no se pierden con los años. La dignidad no se jubila, y la autonomía no tiene fecha de caducidad.
