Cooperativismo en Michoacán: del reconocimiento legal a la política pública

Por Alejandro Castañeda

28 de agosto del 2026.- La Unión Estatal de Cooperativas de Michoacán “Lázaro Cárdenas del Río” propuso al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla la creación de una “Estrategia Estatal para el Fomento Cooperativo y la Economía Social 2027”, acompañada de recursos específicos dentro del Presupuesto de Egresos del próximo año.

La propuesta busca que el reciente reconocimiento de las sociedades cooperativas en la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán se traduzca en programas, instituciones y mecanismos permanentes de apoyo para el sector.

No se trata de una organización pequeña ni de una representación limitada a un solo territorio La dimensión territorial de esta red ayuda a entender el alcance de la propuesta presentada al Ejecutivo estatal. En noviembre de 2025, la Unión reportaba ya más de 8 mil integrantes organizados en cerca de 400 cooperativas y colectivos distribuidos en más de 50 municipios, lo que muestra la expansión que ha tenido esta forma de organización económica en la entidad.

Entre los planteamientos centrales se encuentra la creación de un Sistema Estatal de Fomento Cooperativo, articulado mediante una instancia pública especializada y permanente, mecanismos de coordinación entre dependencias, una ventanilla única, expediente único y un sistema estatal de información.

La intención, de acuerdo con la propuesta, no sería crear una estructura paralela a las dependencias existentes, sino coordinar y complementar las acciones que actualmente se desarrollan desde distintas áreas relacionadas con el desarrollo económico, rural, social, financiero y comunitario.

La Unión plantea además cuatro instrumentos específicos.

• Impulso Cooperativo (Programa de Impulso Cooperativo), para organización, formación, constitución y acompañamiento.
• FINSOCOOP (Programa de Financiamiento Solidario para Cooperativas), para financiamiento y fortalecimiento financiero especializado.
• PIES (Programa de Incubación de Empresas Sociales), para innovación, equipamiento, transformación, certificación y acceso a mercados.
• Cuidado Solidario (Programa de Impulso a las Cooperativas de Cuidados), para promover cooperativas orientadas a servicios comunitarios de cuidado.

En conjunto, los cuatro instrumentos pretenden cubrir distintas necesidades: desde el momento en que un grupo decide organizarse colectivamente hasta las etapas de financiamiento, producción, transformación, comercialización y prestación de servicios.

La propuesta ocurre después de una modificación al marco jurídico estatal que incorporó a las sociedades cooperativas dentro de la Ley de Desarrollo Económico de Michoacán.

El Congreso estatal aprobó en marzo de 2026 modificaciones a dicha legislación con el propósito, entre otros aspectos, de incorporar a las sociedades cooperativas dentro del marco jurídico del desarrollo económico estatal. El dictamen señaló que esta incorporación permitiría fortalecer su reconocimiento como actores relevantes de la economía y generar bases para acciones de financiamiento, capacitación y encadenamiento productivo.

La reforma fue posteriormente publicada, y el propio sector cooperativo ha planteado que el siguiente paso debe ser llevar ese reconocimiento a la política pública y al presupuesto. De ahí que la solicitud entregada al gobernador tenga como horizonte el ejercicio fiscal 2027.

Uno de los elementos relevantes de la propuesta es que la Unión no plantea únicamente la asignación de recursos. También manifiesta su disposición a participar en mesas técnicas, procesos de validación y mecanismos de contraloría social, manteniendo la autonomía del sector cooperativo.

Esta posición coloca a la organización en un papel distinto al de una agrupación que únicamente acude al gobierno en busca de subsidios. Su planteamiento parte de la construcción de una política pública en la que el propio sector participe en el diseño, seguimiento y evaluación de los instrumentos.

El cooperativismo puede significar organización productiva, empleo, generación de ingresos, agregación de valor y fortalecimiento de las economías locales. Pero para que ese potencial se traduzca en resultados sostenibles necesita algo más que reconocimiento legal: requiere acompañamiento institucional, financiamiento, capacitación, acceso a mercados y políticas diseñadas de acuerdo con la naturaleza colectiva de estas organizaciones.

La propuesta de la Unión Estatal de Cooperativas “Lázaro Cárdenas del Río” coloca precisamente ese desafío sobre la mesa. Después de años de organización y de una presencia que hoy alcanza más de medio centenar de municipios, el movimiento cooperativo michoacano está planteando al gobierno estatal que el siguiente paso sea construir una política pública propia para el sector.