Zaldívar aclara que una investigación penal no suspende por sí sola los derechos político-electorales; el señalamiento ocurre tras las declaraciones de la presidenta sobre la eventual candidatura del exgobernador de Tamaulipas rumbo a 2030.
28 de agosto del 2026.- El Gobierno de México aclaró los supuestos bajo los cuales una persona que enfrenta una investigación penal puede conservar sus derechos político-electorales, en medio de la controversia generada por la eventual aspiración presidencial del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, rumbo a 2030.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, explicó que la existencia de una denuncia, investigación, imputación o incluso una vinculación a proceso no implica automáticamente la pérdida del derecho a ser candidato.
La precisión cobra relevancia luego de que Sheinbaum había señalado que una persona con una orden de aprehensión no podría llegar a la Presidencia de la República, para posteriormente reconocer que su afirmación requería una revisión del marco jurídico.
Zaldívar explicó que la Constitución establece distintos supuestos para la suspensión de los derechos político-electorales, entre ellos encontrarse en prisión preventiva, contar con una sentencia condenatoria que implique dicha suspensión, haber sido declarado prófugo de la justicia o encontrarse en alguno de los casos específicos previstos por el artículo 38 constitucional.
El exministro de la Suprema Corte subrayó que una orden de aprehensión, por sí sola, no significa que una persona pierda sus derechos políticos.
“La sola emisión de una orden de aprehensión no implica que se suspendan los derechos político-electorales”.
De acuerdo con la explicación presentada, para que opere el supuesto de prófugo de la justicia debe acreditarse que la persona se sustrajo de la acción de la justicia, entre otros elementos.
El debate tiene como telón de fondo las declaraciones de Sheinbaum sobre la posible candidatura presidencial de Francisco Cabeza de Vaca, quien ha manifestado públicamente su interés por contender en 2030 y enfrenta señalamientos relacionados con una investigación por presunto lavado de dinero.
Al ser cuestionado previamente sobre este escenario, Zaldívar evitó pronunciarse específicamente sobre el exgobernador, pero planteó las condiciones que podrían impedir una eventual candidatura.
Explicó que, si una persona cuenta con una orden de aprehensión, no se presenta ante un juez y se encuentra fuera del país, podría configurarse el supuesto constitucional de sustracción de la acción de la justicia, lo que sí tendría consecuencias sobre sus derechos político-electorales.
También señaló que para una candidatura presidencial deberán revisarse otros requisitos constitucionales, entre ellos los relacionados con la residencia.
El Gobierno federal enfatizó que el análisis debe realizarse caso por caso y conforme a las circunstancias jurídicas concretas de cada persona.
De esta manera, una persona que únicamente enfrenta una investigación o denuncia, e incluso alguien que haya sido imputado o vinculado a proceso, puede conservar sus derechos político-electorales mientras no se actualice alguno de los supuestos constitucionales de suspensión.
La interpretación también toma como referencia criterios del Tribunal Electoral, que ha sostenido que la vinculación a proceso no genera por sí misma la pérdida automática de derechos políticos.
Así, el caso de Cabeza de Vaca vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que podría cobrar mayor relevancia rumbo a 2030: hasta dónde puede llegar una aspiración electoral cuando existen investigaciones penales abiertas y qué condiciones establece la Constitución para impedir una candidatura.
La diferencia, de acuerdo con la explicación jurídica ofrecida por Zaldívar, está en que estar bajo investigación no es jurídicamente lo mismo que estar inhabilitado para competir.
