¿Defender el medio ambiente o aprovecharlo políticamente?
Por Isabel Rodríguez
Hay preguntas que incomodan porque obligan a pasar del discurso a la conciencia. ¿Qué hemos hecho realmente para cuidar la tierra que habitamos? ¿Cuántas veces hemos exigido acciones contra el cambio climático sin preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer nosotros? ¿Y cuántas veces la defensa del medio ambiente termina convertida en una consigna, una fotografía o una oportunidad política?
Las manifestaciones son necesarias. La exigencia ciudadana también. Pero las acciones son más que manifestaciones. Porque resulta insuficiente que quienes durante años no construyeron políticas integrales de restauración aparezcan hoy como defensores del medio ambiente únicamente cuando existe una coyuntura políticamente rentable.
Aquí aparece una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la preocupación genuina y dónde comienza el oportunismo político?
Defender el medio ambiente significa sembrar un árbol, pero también garantizar que sobreviva. Significa proteger los bosques, recuperar cuencas y restaurar los territorios dañados. Significa entender que la política ambiental no puede reducirse a un discurso ni a una jornada simbólica: debe traducirse en política pública, presupuesto, organización comunitaria y resultados medibles.
La historia reciente ayuda a poner el debate en perspectiva. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal, México registró entre 2001 y 2024 una deforestación bruta promedio superior a 203 mil hectáreas anuales. El deterioro ambiental, por tanto, no apareció de un día para otro. Es resultado de décadas de políticas insuficientes, omisiones institucionales y modelos de desarrollo que trataron a la naturaleza como un recurso inagotable.
Esa es una de las diferencias fundamentales entre el modelo que hoy se impulsa y la lógica que durante décadas predominó en México.
La discusión no debería centrarse en quién pronuncia el mejor discurso verde, sino en una pregunta mucho más concreta: ¿qué gobiernos están construyendo políticas ambientales y cuáles sólo reaccionan cuando el daño ya está hecho?
Michoacán es un caso particularmente relevante. Por su riqueza forestal, sus cuencas y sus ecosistemas estratégicos, el estado no puede sostener una política ambiental decorativa.
Por eso es necesario hablar de cifras.
Durante 2025, el Gobierno de Michoacán reportó la plantación de más de 10 millones de árboles en 90 municipios y la restauración de 16 mil 721 hectáreas, una superficie cinco veces superior a la del año anterior. Las acciones se concentraron en Áreas Naturales Protegidas y zonas afectadas por incendios.
Para 2026, la meta aumentó a *13 millones de árboles. De cumplirse, la actual administración estatal alcanzaría *50 millones de árboles reforestados durante su gestión. A ello se suman seis millones destinados a la conservación de la cuenca del lago de Pátzcuaro y la construcción de un cinturón verde en el Segundo Anillo Periférico de Morelia.
No se trata solamente de plantar árboles. Se trata de intervenir territorios estratégicos para la recarga de agua, la recuperación del suelo y la conservación de la biodiversidad.
Pero Michoacán tampoco actúa de manera aislada.
La política ambiental federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado la restauración como una responsabilidad directa del Estado. En 2026, la Jornada Nacional de Reforestación contempló *6.6 millones de árboles y plantas en más de 32 mil hectáreas, mientras que la estrategia forestal federal proyecta la restauración de *más de 151 mil hectáreas mediante 2 mil 328 proyectos.
Y aquí está una diferencia fundamental: reforestar no es únicamente plantar; es restaurar ecosistemas.
La restauración incluye conservación de suelos, captación de agua, prevención de incendios y recuperación de territorios. A ello se suma Sembrando Vida, que vincula la recuperación ambiental con alternativas productivas para las comunidades rurales.
En 2025, el programa alcanzó una cobertura superior a un millón de hectáreas y más de *1 mil 202 millones de plantas establecidas. En Michoacán, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla ampliar el programa de *10 mil a 18 mil productores en 2026.
La diferencia no es menor.
Durante años se habló de conservación mientras se dejaban intactas las condiciones económicas y sociales que provocaban la deforestación. No basta con prohibir. No basta con señalar. También hay que construir alternativas para quienes viven del territorio.
Eso no significa que todo esté resuelto. Michoacán continúa enfrentando tala ilegal, incendios, cambio de uso de suelo y una fuerte presión sobre sus recursos hídricos. Plantar millones de árboles tampoco puede ser el punto final: se requiere mantenimiento, vigilancia y evaluación para garantizar su supervivencia.
Pero reconocer los pendientes no significa negar lo que se está haciendo.
La política pública debe ser criticada, evaluada y mejorada. Lo que no puede hacerse es reducir el debate ambiental a una fotografía, una cartulina o una coyuntura políticamente conveniente.
La congruencia ambiental se mide de otra manera:
Se mide en hectáreas recuperadas.
En árboles que sobreviven.
En cuencas restauradas.
En incendios prevenidos.
En tala combatida.
En comunidades incorporadas a la conservación.
En presupuesto ejercido y resultados verificables.
Frente a la crisis climática, la indiferencia ya no es una opción. Pero tampoco basta la indignación.
Las acciones son más que manifestaciones.
La defensa del medio ambiente necesita ciudadanos críticos y gobiernos responsables. Necesita exigir resultados, pero también reconocerlos. Necesita protestar cuando sea necesario, pero también participar todos los días.
Porque cuidar Michoacán no consiste solamente en denunciar lo que se ha perdido.
Consiste en decidir qué estamos dispuestos a hacer para conservar lo que todavía tenemos.
Y quizá esa sea la pregunta más incómoda de todas:
¿Qué has hecho tú para cuidar el medio ambiente?
Porque la respuesta ya no puede ser únicamente una consigna.
Tiene que convertirse en una acción.
