05 de agosto del 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral determinar si existen actos anticipados de campaña, luego de ser cuestionada sobre las actividades públicas y recorridos de diversos actores políticos antes de los tiempos establecidos por la ley.
Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria subrayó que el Gobierno de México respetará en todo momento el marco legal y que será la autoridad electoral la encargada de analizar y, en su caso, sancionar cualquier irregularidad.
“Que lo determine el INE y el Tribunal, así de sencillo. Nosotros siempre vamos a cumplir con la ley”, expresó.
Sheinbaum dejó en claro que la Presidencia de la República no tiene facultades para calificar ni sancionar posibles actos anticipados de campaña, por lo que insistió en que cualquier denuncia debe presentarse ante las instancias competentes.
“La ley es muy clara y que lo determine el INE y el Tribunal. Así de sencillo. Nosotros siempre vamos a cumplir con la ley, siempre”, sostuvo.
La titular del Ejecutivo recordó que México cuenta con instituciones autónomas responsables de garantizar la legalidad de los procesos electorales, por lo que rechazó que sea la Presidencia quien deba pronunciarse sobre casos específicos.
“No le corresponde a la presidenta. Hay una institución autónoma que durante muchos años la oposición decía: ‘El INE no se toca’. Bueno, pues que lo determine el INE, no la presidenta”, puntualizó.
Asimismo, explicó que si existen inconformidades o denuncias por presuntos actos anticipados de campaña, corresponde a los ciudadanos o actores políticos presentarlas formalmente ante el órgano electoral.
“Que el INE determine, a partir de las quejas de quien las quiera presentar, si hay actos anticipados de campaña o no, y que sancione de acuerdo con las leyes. Pero ahora tú me pides que sea la presidenta quien sancione. Pues no”, respondió.
Finalmente, Sheinbaum reiteró que su administración mantendrá una postura de respeto absoluto hacia la legislación electoral y hacia las decisiones que emitan el INE y el Tribunal Electoral, al señalar que serán estas instituciones las responsables de garantizar la equidad y legalidad de los procesos políticos rumbo a las próximas elecciones.
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