Por Arturo Cuitláhuac Pérez
Insisto, la historia tiene una curiosa manera de exhibir las contradicciones.
Hoy vemos a los mismos sectores políticos que durante décadas gobernaron México exigiendo soluciones inmediatas a la inseguridad, como si el problema hubiera aparecido de la nada. Como si la violencia no hubiera sido incubada durante años de corrupción, abandono social, complicidades políticas y una estrategia fallida que convirtió al país en un campo de batalla.
No es casualidad que Andrés Manuel López Obrador, en su reciente reflexión sobre la relación entre México y Estados Unidos, advierta que detrás de ciertos discursos no existe una preocupación genuina por resolver los problemas de fondo. Como él mismo señala, algunos actores buscan “debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México”, utilizando para ello las mismas prácticas intervencionistas que históricamente han intentado influir en el destino de nuestro país.
La pregunta es obligada: ¿por qué la seguridad se ha convertido nuevamente en el tema central del debate político?
Porque la derecha necesita una bandera.
La corrupción dejó de ser rentable electoralmente. Los privilegios dejaron de ser defendibles públicamente. Los programas sociales que durante años despreciaron hoy cuentan con respaldo popular. Millones de mexicanos que antes eran invisibles ahora tienen reconocimiento institucional, apoyos directos y presencia en la agenda nacional.
Por eso la batalla política tuvo que trasladarse a otro terreno.
La inseguridad existe. Nadie puede negarlo. Sería irresponsable hacerlo. Pero también es cierto que la delincuencia organizada no nació en 2018 ni en 2024. Creció durante décadas bajo gobiernos que permitieron la infiltración criminal en corporaciones policiacas, ayuntamientos, fiscalías, gobiernos estatales y estructuras completas del Estado mexicano.
La diferencia es que antes muchos de esos vínculos eran tolerados, ocultados o simplemente ignorados.
Hoy la confrontación es distinta.
Los grandes golpes contra estructuras criminales generan reacciones violentas porque afectan intereses económicos, territoriales y políticos. La delincuencia organizada responde cuando se siente amenazada. Lo hemos visto una y otra vez. Sin embargo, se pretende presentar cada reacción criminal como prueba del fracaso del Estado, mientras se olvida deliberadamente quién permitió que esos grupos alcanzaran semejante capacidad de operación.
La memoria histórica importa.
Importa recordar que la guerra contra el narcotráfico dejó cientos de miles de víctimas. Importa recordar que durante años se privilegió la estrategia armada mientras se abandonaban comunidades enteras a la pobreza, la marginación y la desesperanza. Importa recordar que muchos de quienes hoy exigen mano dura fueron incapaces de construir paz cuando tuvieron la oportunidad de gobernar.
Y precisamente porque la memoria importa, también debe decirse algo más.
Lo que está en disputa no es solamente la seguridad.
Lo que está en disputa es la continuidad de un proyecto político que modificó la relación entre el gobierno y los sectores históricamente excluidos.
Cuando López Obrador afirma que existen intereses empeñados en construir un escenario favorable para el regreso de las fuerzas políticas del antiguo régimen, no está describiendo una simple competencia electoral. Está señalando una disputa mucho más profunda: la confrontación entre dos visiones de país.
Por un lado, quienes consideran que los problemas nacionales deben resolverse fortaleciendo la soberanía, ampliando derechos y reconstruyendo el tejido social.
Por el otro, quienes vuelven a mirar hacia Washington esperando que la presión externa haga el trabajo político que no han logrado hacer en las urnas.
Resulta preocupante escuchar cada vez con mayor frecuencia voces que normalizan la intervención extranjera bajo el argumento de combatir al narcotráfico. La historia latinoamericana está llena de ejemplos que demuestran que cuando una potencia extranjera interviene en asuntos internos de otra nación, los resultados rara vez benefician a los pueblos.
Andrés Manuel lo advirtió cuando recordó que clasificar unilateralmente a grupos criminales como organizaciones terroristas podía abrir la puerta a acciones extraterritoriales justificadas en la seguridad nacional estadounidense. La preocupación no era ideológica. Era histórica.
Porque cuando una nación pierde el control de las decisiones sobre su propio territorio, deja de discutir únicamente sobre seguridad y comienza a discutir sobre soberanía.
Por supuesto que México necesita más seguridad.
Por supuesto que la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados.
Pero también tiene derecho a preguntarse quiénes están utilizando legítimas preocupaciones sociales para construir una narrativa política que busca desacreditar una transformación respaldada democráticamente por millones de personas.
La reconstrucción nacional no ocurre en un sexenio.
La descomposición que heredaron los gobiernos de la transformación tardó décadas en construirse. Pretender revertirla de la noche a la mañana es tan absurdo como exigir que una casa abandonada durante años quede restaurada en unos cuantos meses.
Lo que hoy vivimos no es el final de una transformación.
Es apenas el inicio de una disputa histórica entre quienes quieren consolidarla y quienes nunca aceptaron que el poder dejara de pertenecerles.
Por eso el debate sobre la seguridad debe darse con seriedad, con responsabilidad y con memoria.
Porque cuando la inseguridad deja de ser un problema que se busca resolver y se convierte en un instrumento político para justificar el intervencionismo extranjero y el regreso de los viejos privilegios, entonces ya no estamos hablando únicamente de seguridad.
Estamos hablando del futuro de México.
