Por Arturo Cuitláhuac Pérez
La publicidad política no nació como negocio, nació como convicción. Desde los manifiestos revolucionarios del siglo XIX (donde pensadores como Karl Marx demostraron que una idea podía transformar estructuras de poder) hasta los aparatos propagandísticos del siglo XX encabezados por figuras como Joseph Goebbels, la comunicación fue entendida como herramienta de movilización ideológica. Más tarde, la televisión convirtió al candidato en imagen; el marketing profesionalizó campañas; y finalmente, en la era digital, casos como Cambridge Analytica evidenciaron que el dato se volvió mercancía electoral. Así, la cronología es clara: de la idea al relato, del relato a la marca, y de la marca al algoritmo monetizado.
México no quedó al margen de esa evolución. La transición democrática trajo competencia real, pero también sofisticó el negocio electoral. Consultorías, producción audiovisual, pauta segmentada, métricas de rendimiento: la política comenzó a medirse con lógica de mercado. El financiamiento público garantizó equidad formal, pero alrededor surgió una industria altamente rentable que convirtió la comunicación política en inversión estratégica.
En Michoacán la tensión es todavía más visible. Persisten liderazgos formados en la plaza pública, en la asamblea comunitaria, en estructuras territoriales que siguen movilizando voluntades con disciplina ideológica. Son figuras construidas en la narrativa de largo plazo, donde la identidad y la lealtad pesan más que la tendencia digital.
Pero los nuevos liderazgos enfrentan otro escenario. Compiten no solo contra estructuras consolidadas, sino contra el entorno digital que premia lo inmediato. Ya no basta con llenar una plaza; hay que dominar el feed. La influencia ya no se mide solo en territorio, sino en alcance, interacción y posicionamiento algorítmico.
Y ahí surge la pregunta inevitable:
¿En qué momento la publicidad política dejó de ser instrumento de convencimiento ideológico para convertirse en negocio altamente remunerado?
O en el peor de los casos.
¿Quién controla el algoritmo controla la democracia?
Si la conversación pública depende de plataformas privadas que priorizan la emoción sobre la reflexión, la política corre el riesgo de convertirse en producto. La publicidad no es el problema; siempre ha sido parte del juego democrático. El desafío es evitar que la monetización sustituya al proyecto.
La pregunta final no es si la política usa marketing (eso es inevitable) sino si el marketing está subordinado a un proyecto público o si el proyecto público quedó subordinado al algoritmo.
