Por Isabel Rodríguez
A lo largo de la historia de América Latina, el discurso de la “defensa de la democracia” ha sido utilizado recurrentemente como justificación para la intervención extranjera. Hoy, bajo el argumento del supuesto arresto o debilitamiento del gobierno de Nicolás Maduro, se reactiva una narrativa que oculta un objetivo estratégico central: el control y embargo del petróleo venezolano, una de las mayores reservas energéticas del mundo.
Este patrón no es nuevo. El intervencionismo de Estados Unidos en América Latina ha sido una constante desde el siglo XIX, formalizado en 1823 con la Doctrina Monroe, sintetizada en la frase “América para los americanos”. Aunque presentada como una política de protección frente al colonialismo europeo, en la práctica se convirtió en un instrumento para legitimar la injerencia política, económica y militar en la región.
Durante el siglo XX, esta doctrina se tradujo en acciones concretas. En Guatemala (1954), la CIA promovió el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz tras impulsar una reforma agraria que afectaba intereses de la United Fruit Company. En Chile (1973), el gobierno de Salvador Allende fue desestabilizado económica y políticamente antes del golpe militar encabezado por Augusto Pinochet. En Nicaragua, el financiamiento a la “Contra” durante los años ochenta buscó frenar el proyecto sandinista. Ninguno de estos episodios produjo estabilidad, desarrollo o democracia duradera; por el contrario, dejaron dictaduras, guerras civiles y profundas crisis sociales.
En el caso de Venezuela, la historia reciente muestra un uso sistemático de sanciones económicas, bloqueos financieros y presiones diplomáticas. Desde 2015, estas medidas han afectado directamente a la industria petrolera, limitando la exportación de crudo y el acceso a recursos internacionales. Diversos analistas coinciden en que el impacto de estas sanciones recae principalmente en la población civil, agravando la crisis económica y humanitaria.
Resulta especialmente preocupante que, pese a décadas de crítica y resistencia latinoamericana contra el imperialismo, resurja una lógica que muchos consideraban superada. La Doctrina Monroe, oficialmente cuestionada por gobiernos progresistas y organismos regionales en el siglo XXI, reaparece bajo nuevas formas: sanciones “selectivas”, operaciones diplomáticas encubiertas y narrativas mediáticas que simplifican conflictos complejos.
Lejos de resolver los problemas internos de los países intervenidos, estas acciones suelen profundizar la polarización, debilitar las instituciones y justificar una presencia extranjera que ignora la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. La historia demuestra que los cambios impuestos desde el exterior rara vez generan resultados favorables y casi nunca responden a los intereses de las mayorías.
Así, esta crónica no relata un hecho aislado, sino la repetición de una estrategia histórica: una intervención anunciada que, bajo distintos nombres y pretextos, continúa marcando el destino de América Latina.
