Por Celfia Duarte Casarez
Estados Unidos vuelve a hacer lo que mejor sabe cuándo su hegemonía se tambalea: atacar e invadir. La denuncia del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre una agresión militar contra su territorio no puede entenderse como un error aislado, sino como parte de una práctica sistemática. El derecho internacional, tantas veces invocado por Washington, se convierte en letra muerta cuando estorba a sus intereses estratégicos.
No hay justificación posible para una intervención contra un pueblo soberano. Ninguna sanción, bloqueo o ataque puede disfrazarse de “defensa de la democracia o la libertad” cuando lo que está en juego es el control geopolítico y energético de la región. Venezuela no es el problema: el problema es que no obedeció. Y en el manual imperial, la desobediencia se castiga.
América Latina conoce bien esta historia. Cada intento de autonomía ha sido respondido con sanciones, campañas mediáticas, desestabilización y violencia directa. No es política exterior; es una pedagogía del miedo dirigida a disciplinar a los pueblos que se atreven a decidir por sí mismos.
El Mito del “Estado de Derecho”
Hay verdades que incomodan porque desmontan los discursos oficiales. Una de ellas, planteada con crudeza por el ex presidente municipal de Zirándaro, Guerrero, Gregorio Portillo, es que el llamado “estado de derecho” no es un principio absoluto, sino una condición frágil que existe solo mientras no se impone la fuerza armada. En la práctica, el control de las armas es lo que define quién está protegido y quién queda completamente expuesto.
Cuando la violencia entra en escena, la legalidad retrocede. Las instituciones se vuelven retóricas y la ley deja de ser garantía para convertirse en simulación. Esta no es una reflexión teórica, sino una constatación que los pueblos han vivido una y otra vez a lo largo de la historia. Por eso, quienes luchan por autonomía e independencia han comprendido que la soberanía no se sostiene únicamente con normas, sino con capacidad real de defensa.
No existe una sola nación que haya alcanzado su liberación sin enfrentar el poder armamentista del dominador. La independencia nunca fue concedida: siempre fue arrancada. Venezuela lo entendió desde el secuestro de Hugo Chávez en 2002, cuando quedó claro que la autodeterminación no se respeta si no se defiende. Desde entonces, el pueblo venezolano se ha preparado para resistir no solo el presente, sino lo que venga.
Esta es la lección que incomoda al orden mundial actual: mientras unos concentren las armas y otros solo apelen al derecho, la soberanía seguirá siendo desigual. Y por eso, cada agresión contra Venezuela es también un recordatorio brutal de cómo funciona realmente el poder en el sistema internacional.
Venezuela no está sola: soberanía, dignidad y resistencia
Según la denuncia oficial, los ataques han afectado a Caracas y a los estados Miranda, Aragua y La Guaira, impactando zonas civiles y militares. El Gobierno venezolano señala que se trata de una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, que pone en riesgo la paz de América Latina y el Caribe, y que busca apropiarse de recursos estratégicos como el petróleo y los minerales.
Ante ello, el Estado venezolano activó planes de defensa nacional, declaró la Conmoción Exterior, movilizó al pueblo y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y acudió a instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas ONU, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC y el Movimiento de Países No Alineados MNOAL. No es una escalada irresponsable: es el ejercicio del derecho a la legítima defensa.
Desde aquí condenamos enérgicamente la agresión y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Defender a Venezuela hoy no es un gesto ideológico ni retórico: es una defensa de la autodeterminación, de la memoria histórica y de la dignidad de los pueblos.
Porque los pueblos no se someten.
Se respetan.
¡Viva el pueblo digno de Venezuela!
