El gobierno de Silvano Aureoles Conejo amenaza con salir del Pacto Fiscal Federal junto con otros nueve Estados de la República; pero a la vez, su administración castiga al puerto de Lázaro Cárdenas
Morelia, Michoacán, a 03 de noviembre del 2020.- La ciudad más importante de la costa michoacana, el puerto de Lázaro Cárdenas, tiene como alcaldesa a María Itzé Camacho Zapiain. Quien es emanada de Morena, el partido del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Con quien el gobernador Aureoles mantiene un claro enfrentamiento desde antes del inicio de la pandemia por coronavirus.
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La Cuenta Pública revela que el gobierno del perredista, en lo referente al pago de las Participaciones Federales al municipio del puerto, se le identificaron deducciones no justificadas. Esto por 11 millones 265 mil 600 pesos, de acuerdo con el informe oficial.
“Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 11,265,655.40 pesos (once millones doscientos sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 40/100 M.N.) Por concepto de las deducciones efectuadas a las Participaciones Federales del municipio de Lázaro Cárdenas. Respecto de las cuales no se proporcionó la documentación que acredite su justificación y pago”, indica la solicitud de aclaración que emitió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Opacidad en el reparto
El Pacto Fiscal está compuesto por una serie de reglamentaciones que dictaminan cómo se reparten las Participaciones Federales con los Estados y municipios. Para definir este reparto, se utilizan una serie de fórmulas de bastante complejidad. De las que el Gobierno del Estado hizo caso omiso.
“En materia de transparencia, el Acuerdo mediante el cual se da a conocer la metodología, cálculo, distribución, monto estimado y calendario de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales, correspondientes a los municipios del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2019, no incluyó la fuente de consulta de las variables referentes a la superficie territorial, densidad de población, número de localidades y recaudación del Impuesto Predial. Tampoco se dispuso de la publicación del ajuste definitivo del ejercicio 2018 de las Participaciones Federales pagadas a los municipios de la entidad”, especifica la ASF.
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El dictamen de la Auditoría indica que la Ley de Coordinación Fiscal de Michoacán no especifica la fuente de consulta de las variables referentes a la superficie territorial, densidad de población, número de localidades y la recaudación del Impuesto Predial. Por lo que no fue posible acreditar su origen y validez.
El Gobernador Silvano Aureoles pidió justicia distributiva
En los últimos días, Silvano Aureoles se mantiene alineado con la llamada Alianza Federalista. En la que 10 gobernadores aseguran que pondrán a consulta ciudadana la posible salida de sus entidades del Pacto Fiscal con la Federación.
“Los cambios en el Pacto Fiscal que solicitamos los gobiernos de la Alianza Federalista son por equidad y justicia. Somos una República Federal compuesta por entidades aglutinadas en un Pacto Federal”, dijo el gobernador michoacano a El Economista en agosto pasado.
El mandatario se quejó del reparto de recursos económicos a los Estados y municipios por parte del Gobierno Federal.
“Si hubiera justicia distributiva”, dijo entonces, “debería de ser al revés: 80% a Estados y municipios y 20% al gobierno central. La pirámide está invertida. Los problemas de agua potable, calles, luz, servicios de limpieza, están abajo, en Estados y municipios (…) Mientras el gobierno está gastando más de 500,000 millones de pesos en el Tren Maya, en la refinería y en un aeropuerto donde no van a poder aterrizar las aeronaves comerciales [en referencia a Santa Lucía]”, dijo Aureoles a El Economista.
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