Por Alejandro Castañeda
MORELIA, Michoacán, 24 de agosto de 2026.-Detrás de cada pieza artesanal que llega a una plaza, una feria, una tienda o un mercado turístico existe una historia de trabajo que pocas veces se refleja en el precio final. Para miles de mujeres artesanas mexicanas, particularmente indígenas y rurales, esa realidad significa jornadas prolongadas, ingresos reducidos, informalidad y prácticamente ningún acceso a la seguridad social.
Un informe elaborado por Oxfam México, ProDESC, Ethos Innovación en Políticas Públicas y Fundación Avina advierte que las mujeres dedicadas a la artesanía-textil enfrentan una precarización laboral estructural. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2025 retomados por la investigación, las artesanas textiles perciben en promedio 3 mil 699 pesos mensuales, mientras los hombres obtienen 7 mil 399 pesos, prácticamente el doble.
La desigualdad también aparece en el acceso a la protección social. Apenas 2.4 por ciento de las mujeres que trabajan en la artesanía-textil cuenta con seguridad social, frente a 4.5 por ciento de los hombres. Además, 79.5 por ciento de las artesanas trabaja en micronegocios instalados en sus propios domicilios, una condición que con frecuencia mezcla la actividad productiva con las labores domésticas y de cuidados.
El informe “Tejiendo el cambio” advierte que la condición de trabajadoras independientes tampoco significa necesariamente autonomía económica. Detrás de ella pueden existir esquemas de subcontratación, intermediación y comercialización desigual, mediante los cuales quienes elaboran las piezas reciben solamente una pequeña parte del valor generado por su trabajo. Algunas prendas que requieren semanas de elaboración llegan a venderse en apenas 50 o 200 pesos en contextos de regateo e intermediación.
La problemática adquiere una dimensión particular en Michoacán, uno de los estados con mayor tradición artesanal del país. Comunidades purépechas como Huáncito, Tzintzuntzan, Santa Clara del Cobre, Capula, Ocumicho y otras localidades mantienen vivos conocimientos transmitidos de generación en generación, particularmente en alfarería, textiles, madera, cobre y otras expresiones de la cultura comunitaria.
En Huáncito, por ejemplo, investigaciones recientes han documentado cómo las mujeres alfareras sostienen la continuidad del oficio mientras enfrentan condiciones de precariedad económica y un mercado desigual en el que deben disputar el valor de sus piezas.
En este sentido, la artesanía no puede ser vista únicamente como patrimonio cultural o atractivo turístico. También constituye trabajo, y quienes lo realizan tienen derecho a condiciones dignas, ingresos justos y protección social, advierten especialistas.
El propio gobierno federal ha reconocido la dimensión del problema. Al plantear la transformación del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que algunas piezas que requieren meses de trabajo llegan a manos de intermediarios sin que las artesanas recuperen siquiera el valor correspondiente a su esfuerzo. El programa federal establece entre sus objetivos apoyar la producción y comercialización artesanal y priorizar a personas de municipios con alta marginación y pueblos indígenas.
En Michoacán, el debate también ha comenzado a trasladarse al terreno institucional. En mayo pasado fue presentada en el Congreso estatal una iniciativa para establecer regiones de atención prioritaria en comunidades con alta presencia de mujeres indígenas artesanas, con la finalidad de facilitar el acceso directo a recursos, créditos y asesoría técnica.
