Por Isabel Rodríguez
Los gobiernos municipales representan el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Son ellos quienes administran el espacio urbano, el mantenimiento de las vialidades, el drenaje, el alumbrado público y buena parte de los servicios que determinan la calidad de vida. Allí, las campañas de comunicación encuentran rápidamente su prueba más difícil: la experiencia diaria de miles de personas.
Después de varios años bajo administraciones encabezadas por Alfonso Martínez, el debate público continúa marcado por dos percepciones que aparecen de manera recurrente entre la ciudadanía: el deterioro de numerosas vialidades y los problemas de inundaciones durante la temporada de lluvias. Estas percepciones también han sido visibles en discusiones ciudadanas y redes sociales, donde los baches, la movilidad y la infraestructura urbana figuran entre las principales preocupaciones.
Es cierto que el Ayuntamiento ha anunciado en 2026 un programa extraordinario de reencarpetamiento con una inversión de 300 millones de pesos y ha informado sobre brigadas permanentes de rehabilitación vial. No obstante, desde una perspectiva de políticas públicas surge una pregunta inevitable: ¿por qué fue necesaria una intervención extraordinaria después de años en los que el deterioro de las calles se convirtió en una de las principales demandas ciudadanas?
La infraestructura urbana no puede administrarse únicamente mediante respuestas de emergencia. Su conservación depende de programas permanentes de mantenimiento preventivo, planeación técnica y asignaciones presupuestales sostenidas. Cuando el mantenimiento se posterga, el costo económico aumenta y la percepción ciudadana se deteriora.
La ciencia política denomina a este fenómeno “política de la visibilidad”: obras de alto impacto mediático que buscan recuperar legitimidad cuando el desgaste administrativo ya es evidente. No necesariamente significa que las obras sean innecesarias; significa que llegan después de un periodo prolongado de rezago. En ese contexto, resulta paradójico que algunos sectores de la derecha construyan un discurso nacional centrado en señalar supuestas incapacidades de Morena mientras, en el ámbito local, enfrentan cuestionamientos similares sobre los resultados de sus propias administraciones.
La legitimidad democrática exige coherencia. No basta con denunciar deficiencias del gobierno federal cuando los problemas cotidianos permanecen sin resolverse en el ámbito municipal. La ciudadanía evalúa menos los discursos que los trayectos diarios hacia el trabajo, el estado de las calles que recorre, la seguridad de sus colonias y la capacidad institucional para prevenir inundaciones antes de que ocurran.
En términos democráticos, el verdadero desgaste no es únicamente el del pavimento. Es el desgaste de la credibilidad cuando las promesas de eficiencia administrativa dejan de coincidir con la experiencia cotidiana de la población. La competencia política fortalece a la democracia únicamente cuando obliga a todos los gobiernos —federales, estatales y municipales— a rendir cuentas con el mismo estándar. Si la oposición exige resultados, también debe ofrecerlos allí donde gobierna.
Porque al final, ninguna estrategia de comunicación puede sustituir una calle en buen estado. Ningún eslogan puede ocultar un bache. Y ninguna narrativa política logra imponerse durante mucho tiempo cuando la realidad termina contradiciéndola.
