Ciudad de México, 1 de junio de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los Programas para el Bienestar representan una política pública que ha transformado los apoyos sociales en derechos constitucionales y que, durante 2026, beneficiarán de manera directa a 42 millones 860 mil 296 mexicanas y mexicanos mediante una inversión social superior a un billón de pesos.
Durante la conferencia matutina, la mandataria defendió el modelo social impulsado por la Cuarta Transformación y sostuvo que los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a quienes más lo necesitan.
“Por primera vez, desde 2019, hay apoyos directos al pueblo; no aquellos que se daban cuando había elecciones, con la compra del voto, sino programas que crean derechos”, afirmó.
Sheinbaum también cuestionó las posturas de los sectores conservadores respecto a las políticas sociales y aseguró que existe una diferencia de visión sobre el papel del Estado en la distribución de la riqueza.
“En eso no está de acuerdo la derecha, la ultraderecha, porque piensan que el dinero debe ser para los de arriba, no para los de abajo”, señaló.
El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, informó que de la inversión superior al billón de pesos programada para este año, al corte del 31 de mayo ya se habían ejercido 490 mil 253 millones de pesos, lo que atribuyó a un manejo responsable de las finanzas públicas.
Por su parte, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, detalló que las Pensiones y Programas para el Bienestar atienden actualmente a 18 millones 826 mil 240 personas mediante una inversión de 663 mil 719 millones de pesos.
De ese total, la Pensión para Adultos Mayores beneficia a 13 millones 619 mil 433 personas; la Pensión Mujeres Bienestar alcanza a 2 millones 735 mil 776 beneficiarias; la Pensión para Personas con Discapacidad atiende a un millón 838 mil 582 derechohabientes; el programa de Apoyo para Madres Trabajadoras beneficia a más de 217 mil mujeres; mientras que Sembrando Vida llega a 416 mil 860 productores.
La funcionaria anunció además que entre el 15 y el 21 de junio se entregarán tarjetas a las personas registradas en abril para incorporarse a la Pensión para Adultos Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar. Asimismo, informó que el próximo periodo de registro se realizará del 22 al 28 de junio en los módulos de atención de la Secretaría de Bienestar.
En materia de empleo juvenil, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, informó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a 3.5 millones de jóvenes desde 2019 mediante una inversión acumulada de 168 mil millones de pesos.
Tan solo durante la actual administración, el programa ha incorporado a 561 mil jóvenes con una inversión superior a los 37 mil millones de pesos. Además, siete de cada diez participantes logran incorporarse posteriormente a una actividad laboral o educativa.
En el ámbito educativo, la directora general de La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz, informó que este año se destinarán 26 mil millones de pesos para atender 73 mil 811 planteles de educación básica y media superior, beneficiando a cerca de 8.9 millones de estudiantes en todo el país.
A la fecha, se han realizado más de 73 mil asambleas escolares y se han dispersado recursos a más de 71 mil escuelas mediante una inversión superior a los 22 mil 600 millones de pesos.
Por su parte, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres Guadarrama, informó que el programa La Clínica es Nuestra beneficiará a más de 13.3 millones de derechohabientes mediante intervenciones en 635 unidades médicas del organismo.
Para este año se contempla una inversión de 369 millones de pesos destinada a mil 635 obras de mejoramiento y la adquisición de casi 4 mil equipos médicos seleccionados por los Comités de Salud para el Bienestar.
La administración federal sostuvo que estos programas forman parte de la estrategia para fortalecer el bienestar social, reducir desigualdades y garantizar derechos mediante apoyos directos a la población, bajo el principio de que los recursos públicos deben orientarse prioritariamente a quienes históricamente han enfrentado mayores condiciones de vulnerabilidad.
