Por Arturo Cuitláhuac Pérez
La inseguridad ha sido una herida histórica, pero en cada época se le ha dado un uso político distinto.
Primero fue tolerada, luego administrada, después confrontada militarmente y ahora es usada como argumento para poner sobre la mesa un riesgo mayor: justificar la intervención extranjera como si la soberanía fuera un asunto secundario.
Desde los años setenta y ochenta, con figuras como Arturo “El Negro” Durazo, jefe policiaco durante el sexenio de José López Portillo, quedó claro que la corrupción policial no era un accidente, sino parte de una estructura de poder. Más tarde, el Cártel de Guadalajara, encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, marcó el inicio de una organización criminal moderna con rutas, protección y capacidad de negociación con autoridades.
Después vinieron los años de fragmentación: el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, Los Zetas, los Arellano Félix, los Beltrán Leyva, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el CJNG y muchas células regionales. En estados como Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Jalisco y Estado de México, el crimen dejó de ser solo tráfico de droga y pasó a disputar territorio, economías locales, policías municipales y gobiernos. Los Zetas, por ejemplo, nacieron como brazo armado del Cártel del Golfo y luego se convirtieron en una organización criminal autónoma y extremadamente violenta.
El sexenio de Felipe Calderón fue un punto de quiebre. La llamada “guerra contra el narco” no creó al crimen organizado, pero sí aceleró su fragmentación y su violencia. En ese contexto aparece uno de los casos más graves de la historia reciente: Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, fue condenado en Estados Unidos a más de 38 años de prisión por colaborar con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos.
En el periodo de Enrique Peña Nieto, la violencia no desapareció; cambió de rostro. Ayotzinapa, en Guerrero, mostró la profundidad de la colusión entre autoridades locales, policías, crimen organizado y omisiones institucionales. El propio gobierno federal reconoció el caso como “crimen de Estado”. También se acumularon casos de exgobernadores señalados o procesados por corrupción, lavado o vínculos con redes criminales, como Tomás Yarrington en Tamaulipas, Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en Chihuahua y Roberto Borge en Quintana Roo, cada uno con distintos procesos y alcances legales.
Por eso, cuando hoy la oposición plantea que “la inseguridad actual es la peor de la historia”, hay que matizar. Sí existe inseguridad. Sí hay regiones tomadas por el miedo, extorsión, desapariciones, asesinatos y control criminal. Negarlo sería irresponsable. Pero también es cierto que esta crisis no nació en este sexenio ni pertenece a un solo partido. Es una construcción histórica donde participaron gobiernos del PRI, PAN y también gobiernos locales de distintos colores.
El problema es que ahora la inseguridad se está usando para abrir otra discusión: la intervención extranjera.
El caso Chihuahua es clave. La gobernadora Maru Campos, del PAN, quedó en el centro de la polémica por la presunta participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad. Morena pidió juicio político contra ella, mientras el PAN denunció persecución política. El punto delicado no es solo si hubo cooperación, inteligencia o presencia operativa; el punto es que la explicación pública ha sido confusa, contradictoria y políticamente explotada.
Y ahí está la trampa discursiva: hacerle creer a la ciudadanía que debe escoger entre seguridad o soberanía.
Pero México no puede aceptar esa falsa disyuntiva. La seguridad importa. La soberanía también. Una nación no puede combatir al crimen entregando su capacidad de decisión a otro país. Y tampoco puede defender la soberanía si en casa permite policías corruptas, gobiernos omisos, fiscalías débiles, municipios capturados y funcionarios que negocian con criminales.
La soberanía no se defiende solo con discursos frente a Estados Unidos. Se defiende limpiando las instituciones desde adentro.
Porque si el Estado mexicano no ordena su casa, siempre habrá quien diga desde afuera: “ustedes no pueden, nosotros entramos”.
Ese es el verdadero riesgo.
La conclusión no debe ser negar la inseguridad, sino impedir que el miedo se convierta en permiso para ceder soberanía. México necesita cooperación internacional, sí; subordinación, no. Necesita inteligencia, tecnología y coordinación, sí; intervención extranjera disfrazada de ayuda, no.
La patria se defiende en dos frentes: combatiendo al crimen organizado y evitando que esa lucha se convierta en pretexto para entregar decisiones nacionales. Porque sin seguridad no hay paz; pero sin soberanía, tampoco hay nación.
