Por Celfia Duarte Casarez
La respuesta del Estado y la Firmeza Institucional
Los hechos recientes sobre el abatimiento de Demesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, vuelven a colocar sobre la mesa la dimensión del desafío que enfrenta el Estado mexicano. Frente a ello, es importante reconocer la actuación coordinada del Gobierno de México y de los cuerpos de seguridad, particularmente de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, cuya labor ha buscado contener la violencia y proteger a la población.
Desde una perspectiva democrática, reconocer la eficacia operativa no implica renunciar a la crítica ni a la vigilancia ciudadana; significa comprender que el Estado no puede ceder territorio ni autoridad frente a estructuras criminales que buscan imponerse mediante el miedo. La respuesta institucional ha mostrado capacidad de reacción, coordinación e inteligencia, elementos indispensables para evitar mayores daños a la población civil.
Al mismo tiempo, no podemos perder de vista el costo humano. Soldados y elementos de la Guardia Nacional han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. A sus familias, madres, padres, hijas e hijos, les debemos respeto, empatía y acompañamiento. Son familias trabajadoras que también forman parte del pueblo.
Las causas estructurales que debemos de seguir combatiendo
Sin embargo, ningún operativo será suficiente si no atendemos las raíces profundas del problema. El crimen organizado no surge en el vacío: se alimenta de desigualdad, exclusión, falta de oportunidades, corrupción histórica y abandono comunitario.
Sostenemos que la seguridad no puede reducirse al uso de la fuerza; debe ir acompañada de justicia social. Una educación pública fortalecida, empleos dignos, acceso a la cultura, recuperación del espacio comunitario y un combate frontal a la corrupción son pilares indispensables. La estrategia de seguridad debe avanzar de la mano de políticas sociales que le disputen al crimen el terreno donde recluta: la desesperanza.
Y aunque ya se trabaja de manera decidida en este ámbito mediante programas sociales y apoyos directos a instituciones y comunidades, es necesario reconocer que desmantelar décadas de abandono y desigualdad no es una tarea que pueda concretarse de un día para otro.
También es necesario seguir revisando las cadenas financieras que sostienen a estas organizaciones, así como las redes de complicidad política y económica que durante décadas permitieron su crecimiento. Sin desmontar esas estructuras, cualquier avance será frágil.
El papel de la sociedad: corresponsabilidad y comunidad
Como sociedad, no somos espectadores pasivos. Tenemos la responsabilidad de fortalecer el tejido comunitario, rechazar la normalización de la violencia y no romantizar figuras criminales que tanto daño han causado. La cultura de la legalidad y la solidaridad comunitaria son herramientas poderosas.
Creemos en la transformación, sabemos que la paz se construye desde abajo: en el barrio, en la escuela, en la familia, en la organización social. Implica acompañar a las víctimas, exigir verdad y justicia, pero también apostar por la prevención y la reconstrucción del tejido social.
Honrar a quienes han caído en el cumplimiento de su deber no significa apostar por la guerra perpetua; significa comprometernos con un país donde ningún joven vea en el crimen su única opción y donde ningún elemento de seguridad tenga que perder la vida para que podamos vivir en tranquilidad.
La paz verdadera será fruto de la justicia social, la soberanía institucional y la responsabilidad colectiva.
