Con el veto del gobernador a la reforma que facilitaba el no pago por el abasto del agua, se afecta a ciudadanos afectados económicamente por el Covid-19
Morelia, Michoacán; a 3 de junio de 2020.- El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, impuso un veto a la reforma que el Congreso aprobó. Dicha reforma buscaba agregar artículos transitorios a la Ley de Hacienda Pública Municipal. Esto permitiría a los Ayuntamientos suspender el pago del agua a los ciudadanos afectados en su economía.
Y es que el aislamiento social, derivado de las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19, han afectado la economía de muchas personas. Para el Grupo Parlamentario (GP) de Morena en el congreso local, es vital no dejarlos solos. Por ello, opinan que el ejecutivo del estado muestra una vez más su rostro más autoritario, esta vez a través del referido veto.
“Hemos regresado a los tiempos oscuros. En los que los destinos de Michoacán los definía un solo hombre”, afirmaron Cristina Portillo Ayala, Tere López Hernández, Zenaida Salvador Brígido, Sergio Báez Torres, Alfredo Ramírez Bedolla y Antonio de Jesús Madriz Estrada, diputados locales de Morena.
Se vulnera la autonomía municipal
“El decreto que aprobó el congreso, a propuesta de Morena, daba margen para que los cabildos y el Concejo Mayor de Cherán definieran, en función de sus capacidades económicas, el poder otorgar o no la suspensión del pago por el servicio del agua potable”, señalaron los diputados.
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Lo anterior, dijeron, es un atropello a la autonomía municipal en materia de recaudación. Esto porque limita la capacidad de los Ayuntamientos de definir el cobro por los servicios que prestan.
“Nos llama la atención la doble moral con la que se conduce la actual administración estatal. Por un lado ha sido insistente, y hasta monotemático, en exigir que el gobierno federal les transfiera recursos para entregar ‘apoyos’ a afectados por la pandemia. Pero por otro, se opone a medidas como ésta. Que llegan directamente a quienes lo necesitan. Esto genera suspicacias, puesto que el gobierno estatal quiere ser el único administrador y otorgante de apoyos a los michoacanos. Cuando sabemos el tinte político que el ejecutivo ha dado a todos sus programas sociales”, puntualizaron.
“Queremos que los Ayuntamientos que verdaderamente tengan un compromiso social con sus habitantes y que estén en condiciones financieras de hacerlo, otorguen suspensiones de pagos a los usuarios del agua potable. Pero para ello, hay que darle certeza jurídica a esta determinación y por ello es que este decreto les brindaba ese marco legal necesario”, agregaron los diputados.
Por lo anterior, demandaron al gobernador rectificar su veto. Y dar paso a la entrada en vigencia de ese decreto lo antes posible.
