El sector privado del país gusta de la banca estadounidense y de los paraísos fiscales del Caribe para evadir sus responsabilidades en México
-La legislación debe ser justa, para castigar a los verdaderos evasores y no a inocentes
Es urgente que en México nuestras leyes sean más estrictas y justas para combatir la evasión fiscal, y con ello garantizar efectividad del sistema impositivo y mayores ingresos para el país, apuntó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
El legislador de extracción perredista refirió que en México la tasa de evasión de los principales impuestos en México alcanza 26 puntos globales, en donde es el ISR el que más se evade con una tasa de 85.65 puntos en arrendamientos, 83.44 empresarial y un 15.50 en salarios según datos de la Secretaría de Hacienda.
“El problema no sólo es económico sino también cultural ya que la población desestima la gravedad de la evasión fiscal y no hay una adecuada procuración de justicia en estos asuntos”, subrayó el diputado.
El diputado por el Distrito de Hidalgo destacó que las prácticas evasoras se encuentran tan enraizadas en México como en Latinoamérica en donde sólo un 34% de los habitantes reprueba tajantemente la evasión fiscal, e incluso el 20% la justifica.
“En nuestro país el fenómeno se agrava debido a la creciente e ilegal práctica de depósitos masivos del sector privado mexicano en bancos de paraísos fiscales”.
Apuntó que conforme a los datos de la firma Global Financial Integrity, la salida de capitales del sector privado en México para ser depositados en países desarrollados o fiscales abarca en un 55.7% los bancos de Estados Unidos, 18.4% los paraísos fiscales del Caribe, y 16.1% los europeos, el 8.7% la Europa Desarrollada, el 0.9% el Hemisferio Occidental, el 0.1% los paraísos fiscales asiáticos, y el 0.1% Asia y Oceanía.
Tony Martínez recalcó que se requiere un combate directo y sin ambages a la evasión fiscal en México, en donde no se sacrifique el esfuerzo de sólo una parte del sector privado que cumple sus responsabilidades fiscales, sino que se garantice que toda ella cumpla y camine por igual.
