Por Celfia Duarte Casarez
Milei, Noboa y el establishment estadounidense como expresiones de un mismo manual
Destruir al Estado
La ultraderecha contemporánea comparte una premisa central: el Estado no debe proteger territorios ni derechos, sino retirarse para que el mercado opere sin obstáculos. En Argentina, el gobierno de Javier Milei llevó esta lógica a un extremo al recortar drásticamente el presupuesto del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, debilitando la prevención y combate de incendios en la Patagonia (El Argentino Diario, 2026). La reducción de recursos estatales en plena emergencia ambiental no es un error de gestión, sino una decisión ideológica coherente con el ultraliberalismo, por ello, el culpar a los Mapuches de tal catástrofe.
Este desmantelamiento se profundiza con el recorte masivo del empleo público y la eliminación de organismos estatales, bajo el argumento de eficiencia fiscal y “libertad económica” (Infobae, 2026). Sin embargo, la consecuencia directa es un Estado incapaz de responder a crisis sociales, ambientales y territoriales. Cuando el Estado se repliega, los vacíos son ocupados por intereses privados o actividades ilegales, lo que agrava la desigualdad y la conflictividad social.
Militarizar la crisis
Cuando el Estado es debilitado en lo social, la ultraderecha suele reforzarlo en lo coercitivo. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno” frente al avance del narcotráfico, desplegando fuerzas militares como respuesta central a una crisis estructural (Primicias, 2024). Esta estrategia prioriza la lógica bélica sobre políticas de prevención, desarrollo social y fortalecimiento institucional.
La militarización no es exclusiva de América Latina. En Estados Unidos, la crisis del fentanilo ha sido abordada crecientemente como un problema de seguridad nacional, con discursos que lo equiparan a una amenaza militar, mientras se mantiene insuficiente inversión en salud pública y tratamiento de adicciones (The Guardian, 2025). La narrativa de guerra permite justificar estados de excepción, recortes de derechos y expansión del aparato represivo, sin atender las causas profundas del problema.
Exculpar al capital
Un rasgo constante del proyecto ultraderechista es la exoneración sistemática del capital. En Estados Unidos, la epidemia de opioides no puede entenderse sin el papel de las grandes farmacéuticas, que promovieron agresivamente analgésicos altamente adictivos con fines de lucro (Council on Foreign Relations, 2024). No obstante, el discurso dominante desplaza la responsabilidad hacia los consumidores, los traficantes o países productores, evitando cuestionar a las corporaciones que se beneficiaron del desastre sanitario.
De manera similar, en Argentina el ajuste fiscal se presenta como condición necesaria para atraer inversiones, aun cuando implique el abandono de funciones esenciales del Estado. Este enfoque protege al capital financiero y extractivo mientras socializa los costos de la crisis en la población. El resultado es una economía más desigual, con mayor informalidad y condiciones propicias para el avance del crimen organizado y la devastación ambiental.
Advertencia para México
La experiencia regional es clara: donde la ultraderecha gobierna, el Estado se retira, la violencia avanza y el capital queda impune. Patagonia, Ecuador y Estados Unidos muestran que el discurso de “libertad” termina en abandono, militarización y desigualdad. México debe leer esa advertencia a tiempo. Prevenir a la ultraderecha implica fortalecer el Estado social, la justicia y la soberanía. Sin derechos no hay orden; sin pueblo no hay democracia.
