La reciente reforma aprobada por el Senado a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, promulgada en 2016, tiene implicaciones crediticias negativas, pues genera incentivos para aumentar el gasto corriente, estimó Moody’s Investors Service.
La calificadora internacional de riesgo crediticio aseguró que dicha reforma, aprobada el 13 de diciembre pasado, otorgará a la gran mayoría de los estados y municipios mayor flexibilidad para incrementar su gasto corriente y contratar más deuda.
“La revisión a la Ley de Disciplina Financiera viene aún antes de que muchas de sus disposiciones hayan sido implementadas en su totalidad, lo que resulta en un paso hacia atrás respecto a sus objetivos originales, lo cual fue fomentar una mayor solidez financiera entre los estados y municipios”, expresó.
En un análisis, apuntó que debido a que la reforma ya fue aprobada por las cámaras de Diputados y de Senadores, y si el Poder Ejecutivo no tiene observaciones, entrará en vigor después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Mencionó que los cambios más importantes aplican a los estados y municipios con niveles de endeudamiento que se consideran “sostenibles” bajo el sistema de alertas; a junio pasado, 66% de las 32 entidades federativas entró en la categoría sostenible.
Refirió que la reforma les permitirá utilizar 5% de sus ingresos excedentes (ingresos no etiquetados que excedan el monto originalmente presupuestado) en gasto corriente, mientras que la ley original no permitió el uso de ninguna porción de los excedentes para gastos operativos.
“Este cambio, que entraría en vigor en 2019, generaría incentivos para que los estados y municipios incrementen el gasto corriente, potencialmente debilitando los balances operativos brutos con el paso del tiempo”, alertó la agencia evaluadora.
Además las reglas para los estados con niveles de endeudamiento más altos que quedaron en la categoría “en observación” en el sistema de alertas, también se relajarían.
Aunque estos estados no podrán utilizar sus ingresos excedentes para gasto corriente, la porción de este excedente que tendrían que utilizar para pagar deuda bajaría a 30%, de 50% que establece la ley original, anotó.
Precisó que sólo aquellos estados con un “elevado” nivel de endeudamiento en el sistema de alertas quedarían todavía sujetos al requerimiento de utilizar la mitad de su excedente de ingresos para pago de su deuda.
En la primera publicación de los resultados del sistema de alertas en junio, Coahuila fue el único estado que caía en la categoría “elevado”, recordó Moody’s.
Señaló que la reforma también propone un cambio a la forma en que se mide el nivel de financiamiento neto de cada entidad, lo cual permite que sumen los recursos denominados disponibilidades al total antes de restar las amortizaciones.
“Al agregar efectivo disponible, la capacidad de endeudamiento aumenta, lo cual permitiría que estados y municipios contraten deuda adicional”, abundó la calificadora internacional.
Apuntó que la reforma también aclara que el nuevo requerimiento para que los estados realicen un análisis de costo-beneficio de gasto de capital no aplica cuando las entidades llevan a cabo proyectos como consecuencia de desastres naturales. “Esta mayor flexibilidad permitirá responder más rápidamente ante desastres, pero también pudiera provocar una planeación débil”, añadió.
