Suprema Corte revisará la legalidad de la participación del ejército en la Seguridad Pública

Margarita Ríos-Farjat admite a trámite en la SCJN la controversia del Gobernador de Michoacán por la participación del ejército en tareas de seguridad pública

Morelia, Michoacán, a 25 de junio del 2020.- El pasado 16 de junio de este año, el Gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, impugnó un decreto presidencial. Se trata del decreto por el cual el ejército puede participar en labores de seguridad pública. Esto lo hizo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Desde el principio de la actual administración federal, el mandatario michoacano ha mostrado su descontento hacia el hecho de que las Fuerzas Armadas estén en las calles.

Silvano Aureoles alega que este decreto invade ciertas facultades del Estado de Michoacán. Esto al disponer de tropas dentro del territorio de la entidad. Además, dice que esto es inconstitucional. El asunto cayó en manos de la Ministra Ana Margarita Ríos-Farjat. La ministra le dio entrada el día de hoy a la controversia del Gobernador de Michoacán.

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“Se tiene por presentado al promovente y se admite a trámite la demanda que hace valer. Con reserva de los motivos de improcedencia que se puedan advertir al momento de dictar sentencia”, dijo Ríos-Farjat.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó el decreto el pasado 11 de mayo. Esto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que hizo que el decreto entrara en funciones. En él se establece que el ejército puede participar, de manera extraordinaria, en labores de seguridad pública. Esto durante un plazo máximo de cinco años. Es decir, hasta que termine el sexenio. El objetivo de dicho decreto es apoyar el desarrollo de la Guardia Nacional, en tanto alcanza sus capacidades hasta un nivel funcional suficiente.

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