6 de abril del 2026.- El incremento en los precios internacionales del petróleo, impulsado por el conflicto en Medio Oriente y las tensiones en el Estrecho de Ormuz, ha comenzado a impactar el costo de los combustibles en México, lo que ha llevado al Gobierno federal a reforzar los estímulos fiscales para contener el efecto en los consumidores.
Para la semana del 4 al 10 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elevó el subsidio al diésel hasta 81 por ciento del IEPS, lo que implica que el Gobierno dejará de recaudar 5.97 pesos por litro. En el caso de la gasolina Magna, el estímulo será de 31 por ciento, equivalente a 2.10 pesos por litro, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Estos estímulos funcionan como un “colchón” fiscal: cuando suben los precios internacionales del crudo, el Gobierno reduce el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para evitar que el aumento se traslade de forma inmediata al consumidor final. Gracias a este mecanismo, se busca mantener el precio del diésel por debajo de los 30 pesos por litro y la gasolina Magna en menos de 24 pesos.
Si bien esta estrategia permite evitar incrementos abruptos en los combustibles —especialmente en sectores clave como el transporte— también representa una menor recaudación para las finanzas públicas, lo que reduce el margen del Gobierno para inversión en infraestructura, programas sociales o estabilización económica.
Especialistas advierten que el impacto del encarecimiento del petróleo no desaparece, sino que se traslada gradualmente a la economía. La directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, señaló que el aumento en diésel y gasolina eleva los costos de transporte, lo que termina reflejándose en el precio de productos y servicios.
En ese sentido, aunque los consumidores no enfrenten de inmediato un aumento directo en el precio de la gasolina, sí pueden resentir un incremento generalizado en el costo de vida.
El encarecimiento del crudo responde a la incertidumbre global en el suministro, particularmente en el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 por ciento del petróleo mundial. Ante posibles interrupciones, el precio del barril ha superado los 100 dólares, con estimaciones que advierten que podría alcanzar hasta los 150 dólares si el conflicto se prolonga.
En México, el impacto ya es visible. En estados como Jalisco, el diésel supera los 29 pesos por litro, lo que presiona la cadena de suministro y los costos logísticos.
El esquema de estímulos fiscales ha permitido que México registre aumentos más moderados en comparación con otros países, evitando un “gasolinazo” inmediato y protegiendo, en el corto plazo, el poder adquisitivo de la población.
Sin embargo, este mecanismo tiene límites. Si los precios internacionales continúan al alza, el Gobierno enfrentará la disyuntiva de incrementar aún más los subsidios con mayor costo fiscal o permitir que el aumento llegue directamente al consumidor.
Además, no todos los combustibles cuentan con el mismo nivel de apoyo. La gasolina Premium, por ejemplo, ya supera los 30 pesos por litro en varias regiones del país, al no estar incluida en acuerdos de contención de precios.
En este contexto, los subsidios funcionan como una medida de alivio inmediato, pero no eliminan el impacto estructural del encarecimiento del petróleo, que termina reflejándose en el gasto cotidiano de la población.
