La secretaria de la Contraloría del Estado, Azucena Marín detalló que el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo no presentó en tiempo ni forma su declaración patrimonial final, toda vez que esta obligación la atendió once meses después de concluir el encargo, por lo que fue sancionado de acuerdo con la norma en la materia.
“Brinca porque es un tema que él sabía”, precisó la funcionaria, quien destacó que durante la gestión de Aureoles se realizaron modificaciones legales para ampliar la obligación a más servidores públicos, es decir, no solo mandos medios y altos, sino todos. Pero además, Silvano Aureoles no presentó recursos de inconformidad ante el resolutivo de inhabilitación.
El sancionado eludió sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, dijo la contralora, “evadiendo la fiscalización ciudadana, fue omiso, fue obscuro”.
El servidor público que no cumpla con la obligación sin causa justificada, apuntó Marín durante conferencia de prensa del este lunes, consiste en inhabilitación de 3 meses a un año.
En este sentido puntualizó que la resolución emitida el 23 de febrero pasado, es la inhabilitación de 8 meses por no presentar su declaración de modificación y 3 meses por no presentar declaración de conclusión del cargo. “Esta resolución fue recurrida, pero no solicitaron la suspensión. Al día de hoy está vigente, no se le está violentando ningún derecho, él podría haber solicitado la suspensión”, pero Silvano Aureoles no lo hizo, precisó Marín.
Con esta resolución, Silvano Aureoles queda imposibilitado de ocupar cargos públicos los siguientes 11 meses y tampoco participar en arrendamientos, adquisiciones, servicios u obras públicas. “Él tiene sus derechos a salvo, puede en cualquier momento interponer los recursos que considere pertinentes”, señaló Marín.
La declaración patrimonial es una herramienta de transparencia que evita la corrupción, explicó la funcionaria, toda vez que ofrece certeza sobre el desempeño de los funcionarios, “observar la evolución patrimonial de los funcionarios”, además que alienta la participación ciudadana, afirmó.
Recordó que de acuerdo con la normatividad, al concluir un cargo público se cuenta con 40 días para realizar la declaración patrimonial final.
A su vez, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que todos los funcionarios públicos tienen conocimiento de esta obligación, desde la declaración inicial, de modificación y de conclusión del cargo. “Sí nos generó sorpresa cuando se detectó que no había presentado la declaración. Se le notifica para que la presente” y es hasta que se le solicita que la presente, “presenta la declaración”.
