17 de marzo del 2025.- En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una serie de reformas con las que su gobierno busca mejorar la identificación de personas desaparecidas y fortalecer los mecanismos de búsqueda en el país. Entre las principales iniciativas destaca la consolidación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como fuente de identidad oficial y la creación de una Base Nacional Única de Información Forense.
Estas reformas surgen en respuesta a la grave crisis de desapariciones que enfrenta el país y que se ha recrudecido con hallazgos recientes, como el del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde se descubrieron restos humanos y objetos personales presuntamente relacionados con actividades delictivas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según investigaciones, este sitio habría sido utilizado como un centro de exterminio y entrenamiento de reclutas.
Sheinbaum también propuso equiparar el delito de desaparición con el de secuestro y eliminar el periodo de espera de 72 horas para iniciar investigaciones sobre personas no localizadas. De acuerdo con datos oficiales, en México hay más de 116,000 personas desaparecidas desde 1962, lo que convierte esta problemática en una de las crisis humanitarias más urgentes del país.
“La prioridad de este gobierno es la verdad y la justicia para las familias que buscan a sus seres queridos”, afirmó la presidenta, destacando el compromiso de su administración con la transparencia y la eficacia en las búsquedas e investigaciones. Para ello, anunció el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y una mayor coordinación con las fiscalías estatales.
El anuncio ha generado diversas reacciones entre colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos, quienes han señalado la necesidad de que estas reformas vengan acompañadas de recursos suficientes y voluntad política para su implementación efectiva.
Mientras el país enfrenta el impacto de estas revelaciones, la administración de Sheinbaum se coloca ante el reto de transformar las estructuras de identificación y justicia en un sistema que responda realmente a las familias de las víctimas y evite que más personas caigan en la incertidumbre de la desaparición.
