30 de junio de 2025.- Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta legislación, compuesta por 299 artículos y 32 disposiciones transitorias, busca actualizar y regular de manera integral el ecosistema digital, el espectro radioeléctrico y los servicios de radiodifusión en México.
Uno de los puntos más destacados del dictamen fue la eliminación del controvertido artículo 109, que originalmente otorgaba la facultad al Estado para bloquear de manera temporal plataformas digitales. Con su supresión, se disipan las preocupaciones sobre una posible censura, señalaron legisladores de Morena, quienes defendieron que la ley fortalece el acceso equitativo a la información y garantiza derechos digitales para todas y todos.
La nueva ley también modifica el esquema de propaganda de gobiernos extranjeros, permitiendo la difusión de contenidos culturales, turísticos y deportivos, siempre que no incurran en proselitismo o injerencia política.
Entre sus objetivos centrales, la legislación regula el uso del espectro radioeléctrico, la infraestructura de telecomunicaciones y redes públicas, la comunicación satelital, así como los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión como derechos de interés general. Se busca, según el dictamen, garantizar un desarrollo eficiente del sector y proteger los derechos de las audiencias y usuarios.
Desde tribuna, el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que la iniciativa no representa un instrumento de control, sino una herramienta para democratizar el acceso a internet y a los medios de comunicación. “Esta ley no espía, no persigue y no censura. Sirve para que la comunicación esté al servicio del pueblo, no de intereses corporativos o monopólicos”, expresó.
Sin embargo, la oposición mostró fuertes reservas. El coordinador del PRI, Manuel Añorve, no respalda un proyecto que, en su visión, abre la puerta a una vigilancia masiva de la población. “No estamos ante una política digital de bienestar. Estamos ante un ‘Big Brother’ del bienestar”, dijo tajante.
Por su parte, el panista Gustavo Sánchez alertó sobre una supuesta violación a estándares internacionales de protección de datos. “Esto representa una amenaza directa a los derechos fundamentales a la privacidad. No hay un control judicial previo, como exigen la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, argumentó.
El dictamen aún deberá discutirse en lo particular, donde podrían realizarse ajustes finales antes de su eventual promulgación. Mientras tanto, la discusión evidencia una profunda polarización en torno al papel del Estado en el ecosistema digital y las garantías que deben acompañar su regulación.
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