Para una atención efectiva de la problemática social y para enfrentar los retos nacionales en materia de desarrollo, se hace necesario el saneamiento institucional que fortalezca la estructura y operación del Estado Mexicano a fin de garantizar su funcionamiento en apego a nuestra Constitución y andamiaje legal, consideró el diputado integrante de la LXXIII Legislatura local, Raúl Prieto Gómez.
El diputado por el Distrito de Zinapécuaro consideró que es necesario la consolidación de un sistema político con mecanismos que incentiven el buen desempeño, sancione la falta de resultados y garantice la gobernabilidad y gobernanza democrática en nuestro país, desechando la cultura, prácticas y estructuras del verticalismo.
Reconoció que sin duda uno de los grandes pasos dados en nuestro país recientemente fue la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo su nacimiento no ha estado exento de tropiezos que pueden derivar en riesgos para su operación.
En ese contexto, mencionó que de acuerdo con datos del Secretariado Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, en nuestro país la corrupción representa hoy día un costo de 347 mil millones de pesos anuales, lo que equivale al diez por ciento del crecimiento económico en México.
En tanto que los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, señalan que el costo total a consecuencia de corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de siete mil 218 millones de pesos; lo que equivale a dos mil 273 pesos promedio por persona afectada, lo que representó un incremento de 12.5% respecto al 2015, cuando el costo ascendió a seis mil 418 millones de pesos.
La corrupción y la impunidad no son fenómenos culturales, como se ha afirmado desde el poder con profunda frivolidad e incluso complicidad, sino de verdaderas afrentas que deben ser derrotadas con visión de Estado, inteligencia y voluntad política.
Por lo anterior, dijo que se requiere perfeccionar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción dotando a la Auditoría Superior de la Federación de autonomía constitucional plena.
Asimismo consideró que a nivel nacional resulta necesario que la federación realice la medición de las políticas y acciones a través de indicadores y metas que esté obligado a cumplir por ley, además de fortalecer el Servicio Profesional de Carrera en los tres órdenes de gobierno, en los tres poderes y en los organismos autónomos.
