por Cristina Portillo Ayala
El Gobernador Silvano Aureoles y los integrantes de la alianza PRIANRD acordaron iniciar una campaña. Para desprestigiar el esfuerzo ciudadano que intervino en la organización del proceso electoral. Esto al afirmar que en la elección a la Gubernatura habría intervenido el narcotráfico. Y así justificar su derrota.
Observaron que durante la jornada electoral no se denunciaron irregularidades graves y generalizadas. Por lo que idearon una estrategia legal, consistente en que el Gobernador acudiría a los medios de comunicación e instancias gubernamentales a denunciar y “ofrecer pruebas” de la presunta intervención del narcotráfico. Y el PRIANRD ofrecería esas conferencias como pruebas supervinientes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La campaña que escalaron a instancias nacionales e internacionales trata de influir en el ánimo de los Tribunales Electorales. Pero en el caso del Tribunal local no lograron hacerlo, y con seguridad la Sala Superior tampoco caerá en su juego.
Resolver con base en los hechos probados
Un Tribunal imparcial y objetivo resuelve con base en los hechos probados y no en historias, reclamos y deseos de los que exigen justicia a modo. El marco legal electoral dice que los resultados de una elección siempre serán validos, salvo que se acredite plenamente la existencia de irregularidades graves, generalizadas y que trasciendan al resultado.
La alianza del PRIANRD ya tuvo dos oportunidades para demostrar la intervención de la delincuencia organizada en el proceso. La primera al impugnar los cómputos distritales de Gobernador, que en total el Tribunal Electoral del Estado resolvió 54 juicios de inconformidad, anulando el resultado de 61 casillas. Esto sin que se lograra revertir el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla, resoluciones que fueron confirmadas por la Sala Regional Toluca.
Sólo en la mente
La segunda fue al presentar el llamado recurso madre contra el cómputo estatal. En el cual tampoco lograron demostrar una sola causa de nulidad de las ocho que invocaron. Así, la de mayor peso consiste en la presunta intervención de la delincuencia organizada. La cual pretendieron acreditar con las notas periodísticas en las que aparecen las declaraciones del Gobernador. Además de declaraciones notariales de sus representantes ante las casillas. Así como un video que interpretaron a su manera, las que pretendieron que el Tribunal les dieran el carácter de hechos notorios. Lo que desde luego no ocurrió. Ya que dichas declaraciones no tuvieron un sustento real, es decir, sólo ocurrió en la mente de los recurrentes.
En el expediente, hoy en manos de la Sala Superior, solo se hacen afirmaciones falsas y temerarias al asegurar que el día de la jornada electoral en alrededor de diez casillas (de 6,168 instaladas en el Estado) aparecieron grupos armados y desconocidos, sin que el PRIANRD pudiera acreditar su existencia, ni siquiera de manera indiciaría, por lo que el Tribunal local declaro infundados sus argumentos.
Se saben perdedores
Se quejaron también de que en algunos municipios hubo votación atípica a favor de Morena. Y de que intervinieron servidores públicos, sindicatos y hasta embarazo de urnas. Pero nada lograron acreditar. Y no porque no hayan podido, sino porque los hechos solo fueron parte de una estrategia que concretaron.
Recomiendo al lector revisar las sentencias del Tribunal Electoral de Michoacán. Para que se entere de que la presentación de los medios de impugnación obedece más al hecho de retrasar el inicio de la entrega-recepción de las oficinas. Y ocultar el estado de abandono administrativo y financiero en que se encuentra el Estado, más que a una verdadera defensa de las elecciones libres y democráticas. Se saben perdedores y la Sala Superior habrá de ratificárselo.
