Por Alejandro Castañeda
Morelia, Michoacán, 29 de julio de 2026.- A pesar de que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas establece como uno de sus principios fundamentales el compromiso de “no dejar a nadie atrás”, los pueblos indígenas continúan siendo relegados de los principales espacios donde se diseñan y evalúan las políticas internacionales de desarrollo sostenible.
Esa es la principal conclusión del análisis realizado por los especialistas Juan Daniel Oliva Martínez y Elías Ángeles-Hernández, quienes cuestionan la escasa participación indígena durante la Novena Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile.
Los investigadores sostienen que, aunque el encuentro reunió a representantes de gobiernos, academia, sector privado y organizaciones de la sociedad civil para revisar los avances de la Agenda 2030, los pueblos indígenas prácticamente no tuvieron presencia en los paneles centrales ni en los espacios donde se discutieron las decisiones que impactan directamente sus territorios y formas de vida.
El documento de conclusiones emitido por la CEPAL reconoce la importancia de incorporar los conocimientos tradicionales y las prácticas culturales, sociales y ambientales de los pueblos indígenas. Sin embargo, los autores advierten que ese reconocimiento resulta insuficiente cuando dichos pueblos son considerados únicamente como grupos vulnerables que requieren protección, en lugar de ser reconocidos como actores políticos con capacidad para participar en la toma de decisiones.
La ausencia resulta especialmente significativa si se considera que América Latina alberga alrededor de 58 millones de personas indígenas, distribuidas en más de 800 pueblos originarios, de acuerdo con datos citados de la UNESCO. En México viven cerca de 30 millones de personas indígenas, mientras que en países como Bolivia y Guatemala constituyen una parte mayoritaria de la población.
Los especialistas también señalan que uno de los temas más relevantes que permaneció fuera del debate fue el derecho a la libre determinación. Afirman que este principio constituye la base del ejercicio de otros derechos colectivos y lamentan que la Agenda 2030 no haga una referencia expresa a este derecho dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Desde esta perspectiva, la falta de participación indígena no representa únicamente una omisión protocolaria, sino una limitación para garantizar derechos como el consentimiento libre, previo e informado en proyectos que afectan sus territorios, recursos naturales y formas de organización comunitaria.
Los autores advierten que excluir a los pueblos originarios contradice también el espíritu del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, orientado a construir alianzas amplias entre gobiernos, sociedad civil, academia y otros sectores para alcanzar un desarrollo verdaderamente incluyente.
Finalmente, sostienen que el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas constituye un elemento indispensable para enfrentar desafíos como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la conservación de los ecosistemas. Por ello, concluyen que reconocerlos como sujetos de derechos y garantizar su participación efectiva no sólo responde a una obligación jurídica y ética, sino que fortalece las posibilidades de construir políticas públicas sostenibles y socialmente legítimas.
La reflexión plantea un desafío para la comunidad internacional: el desarrollo sostenible difícilmente podrá cumplir su promesa de no dejar a nadie atrás mientras quienes han protegido durante siglos buena parte del patrimonio biológico y cultural del continente permanezcan fuera de las decisiones que definirán su futuro.
