Por Alejandro Castañeda
Morelia, Michoacán, 11 de agosto de 2026.- Casi la mitad de las niñas y niños de hasta cinco años en México vive en situación de pobreza, una realidad que trasciende las cifras económicas y revela una deuda con los derechos de la primera infancia.
Durante la sexta Jornada Nacional de Inversión en Primera Infancia, especialistas advirtieron que esta población enfrenta una asignación presupuestaria que no corresponde con la importancia de los primeros años de vida para su desarrollo.
Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, informó que el proyecto de presupuesto 2027 contempla 1.1 billones de pesos para la atención de niñas, niños y adolescentes, prácticamente el mismo monto aprobado para 2026. Sin embargo, apenas 10.17 por ciento se destinaría a la primera infancia, integrada por más de 12 millones de niñas y niños de cero a cinco años.
La funcionaria destacó que esta etapa resulta fundamental para el desarrollo cerebral y, pese a ello, recibe una proporción menor de los recursos destinados a la niñez.
Para José Ignacio Ávalos, presidente del Pacto por la Primera Infancia, los datos obligan a cuestionar si realmente existe una prioridad nacional hacia los primeros años de vida.
Arturo Olivares Cerda, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, señaló además que buena parte de los recursos destinados al cuidado infantil está vinculada con instituciones de seguridad social, lo que deja fuera a familias que se encuentran en la informalidad laboral.
En Michoacán, el problema adquiere una dimensión especialmente preocupante. Datos de CONEVAL correspondientes a 2022 muestran que 8.6 por ciento de la población de 0 a 17 años vivía en pobreza extrema, mientras que 54.5 por ciento carecía de acceso a servicios de salud y 70.9 por ciento no contaba con seguridad social.
Estas carencias afectan directamente derechos fundamentales como la salud, la alimentación, la protección social y el desarrollo integral de niñas y niños.
Fernando Carrera, representante de UNICEF en México, y Daniel Aceves Villagrán, coordinador de la Comisión para la Primera Infancia del Sipinna, coincidieron en que invertir durante los primeros años no sólo constituye una obligación de derechos humanos, sino también una decisión con importantes beneficios sociales y económicos.
El problema, plantearon los especialistas, no es la falta de evidencia sobre los beneficios de invertir en la primera infancia, sino convertir esa evidencia en decisiones presupuestarias suficientes y sostenidas.
Porque detrás de cada porcentaje hay una historia concreta. Hay niñas y niños que comienzan su vida en condiciones de desigualdad que pueden marcar su futuro.
Por ello, garantizar sus derechos no puede depender del lugar donde nacieron, de la condición laboral de sus padres o de la capacidad económica de sus familias.
La primera infancia no puede seguir siendo la etapa de la vida en la que más se habla de futuro mientras menos se invierte en garantizarlo, adviertes los expertos.
Fuente: https://www.jornada.com.mx/2026/08/11/economia/013n1eco
