Morelia, Mich.- La nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para Michoacán que se discutirá próximamente en el pleno del Congreso local se orienta a fortalecer técnica, administrativa y operativamente a la Auditoría Superior de Michoacán y dotarla de una estructura acorde con sus funciones sustantivas de fiscalización en los recursos públicos, informó la diputada Cristina Portillo Ayala.
En la iniciativa se presenta un catálogo expreso de prohibiciones de conductas para el auditor superior y auditores especiales que, de no cumplirse -junto con otro catálogo de causal de remoción-, posibilita la remoción de los funcionarios descritos, por una votación igual a la necesaria para su nombramiento, por parte del pleno del Congreso.
La diputada de Morena indicó que la autoridad investigadora recibirá de la autoridad fiscalizadora un informe de presuntas irregularidades –los ahora llamados pliegos de observaciones-, quien calificará su gravedad y remitirá a la autoridad substanciadora de las entidades fiscalizadas o a la propia auditoría superior.
En esta nueva ley, establece claramente el procedimiento que debe seguir la autoridad para la imposición y cuantificación de las multas, los supuestos legales de procedencia de las mismas, así como el trámite del recurso de reconsideración para combatirlas. Y se plantea un capítulo que aborda claramente el tratamiento para la presentación de las fianzas, cuantía y tope máximo legal.
La diputada local consideró que hay avances concretos para la aprobación de esta nueva legislación.
Portillo es integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán. Dijo que se realizó un trabajo para avanzar en acuerdos que permitan superar diferencias de criterio técnico para consolidar una ley que pueda ser aprobada por todas las fuerzas políticas en el órgano legislativo michoacano.
Se prevé que el Órgano Técnico de Fiscalización del estado pueda iniciar la fiscalización al primer día hábil siguiente del período a fiscalizar, con base a un plan de fiscalización aprobado, expresa o tácitamente, por el propio Congreso del Estado de Michoacán.
“La propuesta establece un proceso de fiscalización con plazos definidos y separados del plazo de responsabilidades, en el caso de irregularidades detectadas. Por ello, se propone modificar plazos para la aprobación de plan de fiscalización anual y, de esta forma, brindar a la Auditoría Superior tiempo suficiente para realizar la revisión de las cuentas públicas estatal y municipal, merced a un proceso de fiscalización continuo, ininterrumpido, eficiente y eficaz, sin período de inactividad, para cumplir anticipadamente con el período constitucional de 120 días de plazo para desahogar las justificaciones y aclaraciones”, afirmó la diputada local Cristina Portillo en un comunicado.
Con esta nueva ley, se dictaminaría la Cuenta Pública, con procesos de fiscalización concluidos.
Sobre el nombramiento de su titular, Cristina Portillo afirmó que los requisitos que deben cumplir los aspirantes a auditor superior de Michoacán, así como a los aspirantes a auditores especiales, titulares de áreas de investigación y el titular de la Unidad de Evaluación y Control están establecidos de acuerdo con las bases constitucionales previstas en el artículo 116 de la Constitución Política de Michoacán.
