La Constitución de 1917 no es solo un documento histórico; es el testamento vivo de una guerra que se transformó en derechos. Para el pueblo de México, y de manera vibrante para nosotros en Michoacán, la Carta Magna representa la identidad misma: la transición del “yo” individualista al “nosotros” colectivo.
Durante los trabajos del Congreso Constituyente de Querétaro, Venustiano Carranza arribó con la intención de introducir reformas limitadas a la Constitución de 1857. Sin embargo, dicha postura fue confrontada por un bloque de diputados identificados con el ala jacobina, quienes impulsaron una transformación estructural del orden constitucional. En este contexto destacó la figura del michoacano Francisco J. Múgica, cuya influencia resultó decisiva en la configuración de un nuevo paradigma jurídico. Múgica promovió lo que puede definirse como una auténtica revolución jurídica: la incorporación de derechos sociales como eje central del constitucionalismo mexicano, dando lugar al primer constitucionalismo social del siglo XX.
La aportación teórica y política de Múgica se sustenta en una comprensión integral de la libertad. Para él, la libertad religiosa carecía de contenido real sin un sistema de educación pública, laica y gratuita (artículo 3º); la libertad política era una ficción mientras el campesinado no tuviera acceso efectivo a la tierra y al control de los recursos nacionales (artículo 27º); y la democracia resultaba meramente formal si la clase trabajadora no contaba con derechos laborales que garantizaran condiciones de vida dignas (artículo 123º). En este sentido, la Constitución de 1917 no se limita a establecer normas jurídicas, sino que articula un proyecto de justicia social orientado a la protección de la dignidad humana.
México, al consagrar estos principios, se adelantó a su tiempo y ofreció al mundo una nueva forma de constitucionalismo: el constitucionalismo social. No fue una concesión caritativa del poder, sino una conquista arrancada por la presión popular. Por ello, la Constitución de 1917 nunca fue neutral; tomó partido, y lo hizo a favor del pueblo.
Más de un siglo después, su vigencia no depende únicamente de su letra, sino de la voluntad política de mantener vivo su espíritu. Las discusiones contemporáneas sobre soberanía energética, No Intervención o el papel del Estado en la economía no son debates nuevos: son ecos directos de Querétaro. Recordarlo no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de comprender que el presente también es un campo de disputa histórica.
La austeridad republicana y la resistencia al endeudamiento, por ejemplo, no deben leerse solo en términos contables, sino como una ética política que busca preservar la soberanía y asegurar que los recursos públicos sirvan al interés colectivo. En esa lógica, la promesa constitucional de igualdad —durante décadas confinada al plano formal— enfrenta hoy el desafío de traducirse en justicia material, particularmente para los sectores históricamente marginados.
La actual coyuntura histórica —marcada por el liderazgo de la primera mujer en la presidencia de la República— abre la posibilidad de transitar de la igualdad jurídica formal, consagrada en el texto constitucional, hacia formas más sustantivas de justicia social para las mayorías. En este contexto, el Humanismo Mexicano, eje del gobierno de la presidenta y del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), bebe directamente de los ideales plasmados en la Constitución de 1917 y se asume como un legado histórico que debe ser defendido, preservado y profundizado por las mayorías populares, como lo ha señalado el dirigente michoacano Jesús Mora.
Desde Michoacán, tierra de insurgentes, reformadores y revolucionarios, la Constitución de 1917 se recuerda no como una reliquia, sino como una brújula. La historia no es un archivo cerrado: es una herramienta de orientación. En tiempos de incertidumbre, volver a Querétaro es preguntarnos qué país quisimos ser y qué país estamos dispuestos a defender. Francisco J. Múgica lo expresó con una claridad que sigue incomodando al poder: “solo el pueblo puede salvar al pueblo”. Quizá por eso la Constitución, en última instancia, no pertenece a los juristas ni a los gobiernos, sino a la memoria colectiva que le dio origen.
