12 de noviembre de 2025.- La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, pidió formalmente al Senado de la República evaluar la desaparición de poderes en el estado de Michoacán, al considerar que la entidad atraviesa un escenario de ingobernabilidad y control del crimen organizado.
En conferencia de prensa, la también exgobernadora de Yucatán advirtió que los recientes asesinatos de autoridades municipales y empresarios “evidencian el colapso del orden institucional” en el estado. “Los grupos delictivos tienen asediado al campo, a los comercios, a los transportistas y a las familias, mientras el gobierno estatal permanece inmóvil”, señaló.
Ortega afirmó que Michoacán lleva más de dos décadas sumido en una crisis de violencia estructural derivada del crecimiento de organizaciones criminales como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, las cuales —dijo— han logrado capturar espacios económicos, sociales y hasta periodísticos.
“Durante los últimos años, la violencia ha cobrado vidas de autoridades y de productores, como el caso reciente de Bernardo Bravo, líder limonero asesinado tras denunciar la red de extorsión que opera contra el sector agrícola”, apuntó.
La legisladora emecista añadió que esta situación constituye un ejemplo de la incapacidad del gobierno estatal para garantizar la seguridad, “lo que impide la plena vigencia del orden jurídico y configura causal para la desaparición de poderes, según lo establece la Constitución”.
La diputada citó el artículo 76 constitucional, que otorga al Senado la facultad para declarar la desaparición de poderes en una entidad federativa, cuando los titulares de los poderes constitucionales estén “imposibilitados físicamente para ejercer sus funciones” o “cuando situaciones provocadas o toleradas por ellos mismos afecten la vida del estado”.
“El Senado, a propuesta en terna de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, debe nombrar a quien encabece provisionalmente el gobierno estatal”, explicó. Ortega precisó además que quien asuma ese cargo no podrá postularse posteriormente para ocupar la gubernatura electa, en caso de convocarse a nuevas elecciones.
Ortega aseguró que presentará un exhorto formal para que el Senado analice el caso y determine si procede la figura constitucional de desaparición de poderes, ante “el vacío de autoridad y la violencia que ha cobrado vidas inocentes”.
“En Michoacán, la línea entre la autoridad y el crimen se ha difuminado. Las instituciones locales están rebasadas, y si el Estado mexicano no actúa, seguirá creciendo la impunidad”, advirtió.
Con este pronunciamiento, Movimiento Ciudadano se convierte en el primer partido político en solicitar la intervención del Congreso federal para atender la crisis de seguridad que atraviesa Michoacán tras los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del empresario Bernardo Bravo.
“No se trata de un tema partidista, sino de salvar la gobernabilidad de una entidad que ha sido víctima del abandono institucional y de la captura criminal”, concluyó Ortega.
