La Ley de Responsabilidades administrativas de Nuevo León busca que las personas contratadas por el gobierno entreguen declaración patrimonial, lo que, de acuerdo con el Instituto, vulnera sus datos personales.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, publicada el 7 de junio de 2019, porque algunas de sus disposiciones vulneran el derecho a la protección de datos personales previsto en la Constitución.
La ley plantea que los particulares que tienen contratos con el gobierno estatal den a conocer su declaración patrimonial.
“Me parece muy importante que hoy, en este pleno, se presente la propuesta para presentar la acción de inconstitucionalidad dada la eventual vulneración a la protección de datos personales en la Ley de Responsabilidades del Estado de Nuevo León”, indicó la comisionada Josefina Román Vergara.
La comisionada planteó que la declaración patrimonial y de intereses a cargo de particulares representa una intromisión injustificada a la vida privada y datos personales protegidos por los artículos 6 y 16 de la Constitución, tal como fue argumentado en su momento por la Presidencia de la República al ejercer su derecho de veto en el proceso legislativo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El instituto de Transparencia determinó que nueve artículos de la norma son contrarios a la Constitución y violan los principios de licitud, finalidad y proporcionalidad previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Por unanimidad, el Pleno del INAI aprobó el acuerdo mediante el cual instruye a su representante legal interponer acción de inconstitucionalidad.
El INAI determinó que los artículos 3, fracción IX, 27, 30, 32, 33, 41, 46, 47 y 48 de la norma son contrarios al 6º, 16 y 108 de la Constitución Federal y violan los principios de licitud, finalidad y proporcionalidad previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO).
“Dichas disposiciones establecen que los particulares contratados por instancias públicas para la prestación de servicios están obligados a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, a pesar de que el artículo 108 constitucional y la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevén que esa obligación es sólo para servidores públicos”, indicó el INAI en un comunicado.
INAI
El comisionado Oscar Guerra Ford aseveró que el tratamiento de datos personales sin un fundamento jurídico constitucionalmente válido genera efectos colaterales como la afectación a la privacidad a partir de la publicidad de la información contenida en las declaraciones patrimoniales y de intereses de personas que no están obligadas a presentarlas.
“Coincido plenamente que, al imponer una obligación a un particular sin que exista un asidero constitucional ni legal, previsto en las normas especiales como lo es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se vulneran los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, subrayó el comisionado.
La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena y el comisionado Joel Salas Suárez se sumaron a los argumentos expuestos y, por unanimidad, el pleno del INAI aprobó el acuerdo mediante el cual instruye a su representante legal interponer acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los artículos 3º, fracción IX, 27, 30, 32, 33, 41, 46, 47 y 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.
