No hay medidas complementarias que pudieran facilitar a la ciudadanía el permanecer en sus viviendas.
Morelia, Michoacán; a 20 de abril de 2020.- El anunciado decreto del Gobernador, Silvano Aureoles Conejo en el sentido de obligar a los michoacanos al confinamiento a través de diversas medidas que implican restricciones de movilidad e incluso el uso de la fuerza pública, es a todas luces ilegal, según señalaron en un comunicado los diputados morenistas del Congreso local. “El gobernador se está excediendo en el uso de sus facultades, pues las restricciones a la circulación de personas son una violación a los derechos humanos y solo pueden ser decretadas por el titular del ejecutivo federal”, abundaron.
“Suponiendo sin conceder, que estas medidas fueran legales, no se señala con claridad cómo se acreditará que un ciudadano labora dentro de lo que se denominan como actividades esenciales. Esta situación abre un amplísimo margen a la discrecionalidad de los cuerpos policiacos y expone a los ciudadanos a extorsiones en una entidad en la que solo uno de cada cuatro michoacanos confían en los policías”, señalaron, haciendo énfasis en que la misma policía que no ha podido detener la ola de violencia que asola a la entidad será la que saldrá a las calles a reprender ciudadanos, muchos de los cuales tienen necesidad de circular por sobrevivencia.
Asimismo, apuntaron que el gobierno del Estado no tiene manera de exigir a los ciudadanos la obligatoriedad en el uso de cubrebocas y que esto resulta un exceso. “Si el gobierno exige esta medida, debe facilitar a la gente los medios para cumplirla. Aunado a ello, la Secretaría de Salud a nivel federal ha dicho que el uso de cubrebocas es insuficiente, ya que el coronavirus se transmite también por el contacto de los ojos con las secreciones bucofaríngeas y que la demanda de cubrebocas se puede ver presionada al punto del desabasto si la ciudadanía comienza a solicitar este insumo de forma masiva”.
Señalaron además, que resulta un contrasentido que el gobierno del Estado esté pensando en espacios de confinamiento a las personas que circulen en las calles, mientras que en el Senado de la República se aceleró la discusión de la Ley de Amnistía para reducir la sobrepoblación de los penales ante el riesgo de que estos se convirtieran en focos de contagio. “No se dice cómo separarán a las personas que incumplan el confinamiento, tampoco se aclara si el gobierno realizará pruebas rápidas o sólo se recluirán en los centros de confinamiento a los sospechosos de coronavirus. En cualquier caso, estos se pueden convertir en verdaderas granjas de infección y contagio”.
Finalmente, demandaron responsabilidad del mandatario local para que se evite una andanada de declaraciones y de medidas que se escapan de una estrategia diseñada por el grupo de expertos que conduce la situación desde el gobierno federal. “No se presenta ningún estudio del impacto de estas medidas, de los efectos que se esperan en términos de reducción de contagios o de muertes, tampoco del costo que tendrá en términos del uso de recursos materiales y humanos, no se nos dice quién dictará las medidas una vez que la gente sea detenida en la calle. En fin, se trata al parecer de una total ocurrencia”, concluyen.
