La repartición del Fondo Minero ha ocasionado una confrontación entre el gobierno de Chihuahua Javier Corral y el presdiente de la República Andrés Manuel López Obrador.
La medida impulsada desde la Presidencia de la República eliminar al gobierno del estado y municipales como intermediarios. Las mineras que explotan territorios indígenas tienen que pagar un impuesto y la Federación debe regresar este dinero para el beneficio de los pobladores. Desde la campaña, López Obrador dijo que esta medida era “letra muerta”.
Gustavo de la Rosa Hickerson, diputado local de Morena, dijo que el nuevo esquema del Fondo Minero por parte del Gobierno de la República, busca asegurar que los recursos lleguen directamente a las comunidades y pueblos mineros para generar diversificación económica y evitar los “pueblos fantasma”.
El un comunicado, el legislador indicó que la estrategia federal es eliminar a los intermediarios de estos recursos, a fin de que se aplique directamente en las comunidades mineras, donde se pretende detonar una serie de actividades económicas separadas de la minería, con el objetivo de que cuando las empresas extractivas acaben con la beta y se retiren, dejen a las comunidades sin oportunidades de crecimiento económico.
“Las minas tienen una bonanza y una caída y como se convierte en economía unilateral dependientes de la minería, cuando se acaba la beta, se acaba la bonanza y los pueblos se convierten en fantasma, la idea que se plantea en la estrategia de aplicación del fondo minero es que se aplique en las comunidades para generar diversificaciones económicas”, expresó el diputado al mencionar que se pueden impulsar actividades agrícolas, vinícolas, avícolas y ganaderas en las poblaciones.
Actualmente este recurso minero llega primero a las administraciones estatales, y estas lo distribuyen a los municipios, por lo que una importante cantidad “se queda en el camino”, debido a que no existe un esquema de vigilancia o programa que defina su aplicación.
“Es como se está discutiendo y analizando, para que sea de manera más exitosa y llegue directamente a las comunidades, porque cualquier intermediario que pongas, son buenos los primeros seis meses, luego se dan cuenta de la cantidad de dinero que pasa por sus manos y desaparece”, indicó De la Rosa Hickerson .
“Que Corral ponga su controversia y que jurídicamente se resuelva, pero no hay razón para que haga un acto político… Es algo muy sencillo, un problema de tipo jurídico que lo hace de tipo político”, reiteró el legislador.
Esta domingo se dio a conocer que el gobernador chihuahuense Javier Corral junto con 20 alcaldes de esa entidad interpondrían una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que busca otorgar el apoyo de manera directa y sin intermediarios a las poblaciones mineras.
