El gobierno de México se lanza contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde sus cuentas oficiales.
“En el tema de la tecnología, las y los ministros de la SCJN cuentan con dispositivos de alta gama como teléfonos y equipos de cómputo. Estos elementos son para uso personal e incluso, doméstico”, explica el gobierno mexicano al publicar un post en el que critica los “privilegios” de los ministros de la Suprema Corte.
En otro posteo, también se habla de las pensiones vitalicias que reciben los integrantes de la Corte una vez que dejan el cargo.
“Tras su retiro, las pensiones vitalicias que reciben las y los ministros de la SCJN superan los 300 mil pesos mensuales, que se suman a los 12 millones por concepto de seguro de vida. Todo a costa del dinero del pueblo”, se lee en la información.
A raíz de la cancelación de una parte del llamado “Plan B” por parte de la Suprema Corte, han arreciado los comentarios en contra de la actuación del Tribunal mexicano.
En la admisión del recurso, el ministro ponente Javier Laynez Potisek señala que el decreto impugnado con una serie de reformas al INE “no sólo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”.
“La SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, se explica.
Los allegados a la autodenominada Cuarta Transformación han reaccionado en contra de la decisión de la Corte en alegatos de que se trató de una decisión tomada por el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, quienes fueron electos por el pueblo.
La reforma que se plantea
El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha planteado una posible iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación en la que se propone la reducción de fideicomisos y sueldos, además de eliminar los supuestos privilegios de ministros, jueces y magistrados, con el objetivo de generar recursos en beneficio del pueblo.
“Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, que se les entreguen becas”, enfatizó.
Dijo que la política de austeridad y cero corrupción del Gobierno de la Cuarta Transformación ha permitido financiar más obras con recursos públicos sin recurrir a contratar deuda y distribuir el ingreso con justicia a la población que más lo necesita.
“Todo lo que hemos hecho de combate a la corrupción, de quitar privilegios, es lo que nos ha permitido destinar fondos para la pensión de adultos mayores, para la pensión para personas con discapacidad, (…) es lo que nos permite entregar las becas a estudiantes de familias pobres, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, subrayó.
Los llamados privilegios
El mandatario expuso los supuestos 40 privilegios que mantienen altos funcionarios del Poder Judicial, que se pagan con el erario y contradicen a la Ley Federal de Austeridad Republicana, tales como los sueldos de más de 297 mil pesos mensuales, superiores al que percibe el propio Presidente de la República, aguinaldos exagerados de alrededor de 586 mil pesos, que representan 40 días de sueldo, además de un seguro de gastos médicos para ministras, ministros y familia nuclear por 30 millones de pesos en adelante.
Además, primas vacacionales por 95 mil pesos, que significan diez días de sueldo, un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos anuales, un comedor especial en la SCJN donde pueden ordenar alimentos a la carta y bebidas alcohólicas, dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno y un presupuesto de cinco millones 540 mil 930 pesos mensuales para contratar personal.
También cuentan con dos vehículos blindados tipo Suburban con valor acumulado de seis millones de pesos, que se renuevan cada dos años, pago por riesgo de más de 640 mil pesos al año y apoyo para gasolina por 22 mil pesos mensuales, entre otros.
Otro de los puntos que más cuestionó es que los ministros reciben una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo cuando se retiran.
Además, el Poder Judicial suma en 14 fideicomisos recursos por 20 mil millones de pesos, que se utilizan, principalmente, para mantener estas prestaciones de por vida.
“No es un asunto de justicia, es algo que tiene que ver con la moral y no hay que olvidar que la política es un imperativo ético. ¿Cómo un impartidor de justicia va a estar ganando 500, 600 mil pesos mensuales en su conjunto? ¿Cómo en un país con tanta pobreza?”, cuestionó el mandatario.
