La obligación de las autoridades es proteger y garantizar la vida de las y los migrantes que transitan por México, asegura la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Morelia, Michoacán, a 2 de julio de 2019.- Organizaciones por los derechos de la infancia agrupadas en la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) se solidarizaron ante a los hechos ocurridos la noche del miércoles en Saltillo, Coahuila, donde autoridades realizaron una ejecución extrajudicial de un joven padre de familia migrante frente a su hija de ocho años de edad.
“Desde Redim, manifestamos profunda indignación, nos solidarizamos con la familia de la víctima, con la Casa Migrante del Saltillo y con todas las y los defensores de derechos humanos, para quienes exigimos respeto y protección”, explicó la redim en un comunicado de prensa.
“Demandamos al Estado mexicano que investigue de manera imparcial los hechos y sancione a quienes resulten responsables en toda la cadena de mando y en su momento, se determine la reparación del daño que corresponda”, manifestó.
De acuerdo con la información, dada a conocer en un comunicado de la Casa del Migrante Saltillo, la noche del 31 de julio, a un kilómetro y medio de la casa, agentes de seguridad del Grupo de Operaciones Especiales del estado de Coahuila persiguieron a un grupo de personas migrantes, incluidas niñas, niños y adolescentes; quienes habían salido del refugio. Durante la persecución, un padre de familia salvadoreño fue víctima de ejecución extrajudicial frente a su hija de ocho años.
“Frente a lo descrito, y ante las contradictorias versiones de los elementos involucrados, nos alerta la falta de criterios y de sensibilidad de los mandos cuyas decisiones son claramente violatorias de derechos humanos. Redim exige que Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso para su investigación oportuna e imparcial, ante el riesgo de alteración de evidencias por parte de las autoridades involucradas”, externó la agrupación.
La Redim instó al Estado a ofrecer protección internacional a los testigos y a priorizar los derechos humanos y el interés superior de la niñez en todas las decisiones en materia migratoria y de asilo.
“Exigimos también un alto inmediato a la criminalización y persecución ilegal de las personas en situación de movilidad: familias, niñas, niños y adolescentes no acompañados; garantizar en el caso concreto, la protección de las personas migrantes testigos de los hechos, y reparación del daño; especialmente de la niña de ocho años, quien quedo en orfandad”, sentenció la Redim.
El Estado mexicano, de acuerdo con las ONG, es el responsable -así está comprometido en tratados internacionales- de garantizar los derechos fundamentales, entre ellos, la seguridad, integridad física y vida de las y los migrantes, prioritariamente de niñas, niños y adolescentes que se ven forzados a desplazarse junto con sus familias o solos.
“Las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad que se han registrado durante años en México, pero que se han recrudecido en lo últimos meses; dejan al descubierto la falta de congruencia de la política migratoria federal que exige trato humanitario a nuestros compatriotas en el extranjero e incurre en dinámicas violatorias para los migrantes que transitan por nuestro país”, apuntó.
 al mencionar el caso del asesinato en Coahuila.){kind=link}