El Diario Oficial de la Federación publicó el documento en el que se presenta el llamado “plan B” de la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los puntos que plantea es “la integración de los órganos administrativos nacional y locales electorales, así como de los Tribunales electorales de las entidades federativas” y “la función estatal de organizar elecciones mediante un Sistema Nacional Electoral de facultades concurrentes”.
La propuesta presidencial habla también de “paridad de género” en la asignación de puestos.
“Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación del cincuenta por ciento mujeres y cincuenta por ciento hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación”, se explica.
Asimismo, la propuesta plantea sanción para el caso de las dádivas con el objetivo de conseguir el voto.
“La promoción que realicen los organismos electorales, en todo caso, será objetiva, imparcial y con fines informativos y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión ciudadana. Los artículos promocionales utilitarios que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato no podrán consistir en dádivas. La entrega o promesa de despensas, animales, tinacos, láminas, tarjetas, aparatos electrodomésticos, lentes, juguetes, cubetas, utensilios de cocina, útiles escolares, cosméticos y, en general, bienes o beneficios directos, indirectos, mediatos o inmediatos, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona, está estrictamente prohibida a los partidos, aspirantes, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona”, se expone.
“Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta ley y se presumirán como indicio de presión al elector para obtener su voto. El Instituto podrá ordenar la suspensión de la entrega de los bienes a que se refiere este párrafo y dará vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales”, se explica.
También se prevé la realización de consultas populares sobre temas de interés nacional.
“Es derecho y obligación de la ciudadanía, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y en los procesos de revocación de mandato, en los términos que determine la ley de la materia y en los procesos de participación ciudadana que estén previstos en la legislación correspondiente”, se expone en el documento publicado.
Llama la atención que “en ningún caso se podrán suspender derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía por sanciones administrativas, o judiciales distintas de las penales”.
Los partidos políticos nacionales deberán enfilar sus propuestas de postulación en al menos 25 casos a personas pertenecientes a una comunidad indígena, personas afromexicanas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas residentes en el extranjero y personas jóvenes. Se indica que en las diputaciones de mayoría relativa, las anteriores acciones afirmativas podrán ser postuladas en cualquier distrito electoral federal.
El documento plantea la organización del Sistema Nacional Electoral, que básicamente agrupa al INE con las autoridades electorales locales, para efecto de realizar las elecciones.
A partir de ahora, corre el plazo para para interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se prevé realice un análisis del documento.
