Beatriz Rojas / AlternautaMX
Una inversión de 230 mil pesos de origen federal requerirá el curso de capacitación que tomarán los diputados locales para aprender a legislar con perspectiva de género.
Esta actividad la estará desarrollando la comisión legislativa de Igualdad de Género en coordinación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer (Seimujer) a partir de un recurso que etiqueta la federación para todas las entidades con este fin.
El curso constará de tres talleres de 120 horas en total y la intención es que lo tomen todos los diputados de la LXXIV Legislatura, así como a sus asesores y personal de apoyo, aunque la participación será opcional, explicó la presidenta de la comisión de Igualdad de Género, Lucila Martínez Manríquez.
En Michoacán hasta ahora no se ha designado un presupuesto con perspectiva de género para la aplicación de
explicó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de Seimujer.
Entre los temas pendientes, Hernández Abarca enlistó la armonización legislativa de la alerta de género y la revisión del tipo penal del feminicidio en el Código Penal del estado, así como el de otro tipo de delitos que tienen que ver con violencia hacia la mujer. Para lo cual, agregó, ya existe una iniciativa por parte del Ejecutivo.
Del mismo modo, se revisaría el Código Familiar para realizar homologaciones como la que se requiere para integrar faltas como el Fraude Familiar, que cometen los padres que declaran recibir pocos ingresos para evadir sus obligaciones de manutención.
El curso, detalló la titular de Seimujer, constituye un “ABC de cómo hacer leyes con perspectiva de género” y está encaminado parte del presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres.
La diputada Zenaida Salvador Brígido indicó que una vez más se solicitará a Seimujer un diagnóstico sobre el estado que guarda la Alerta de Género de Violencia contra la Mujer y se trabajará en coordinación, mientras que Manríquez Martínez acotó que a partir de ello se podrían reunir con los municipios para -una vez más- definir las acciones específicas a seguir con el objetivo de que dentro de dos años pudiera estarse desactivando la alerta de género.