Las iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzan con rapidez; oposición acusa centralismo y riesgos a libertades fundamentales.
01 de julio del 2025.- La Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general y en lo particular, una serie de reformas clave en materia económica y de seguridad financiera, que marcan un nuevo rumbo institucional para el país. Las reformas, derivadas de iniciativas presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, incluyen la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio y una profunda actualización al marco legal para el combate al lavado de dinero, armonizado con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Con 287 votos a favor de Morena y sus aliados, se aprobó la minuta que reforma las Leyes Federales de Competencia Económica y de Entidades Paraestatales, en cumplimiento con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024, la cual forma parte del proceso de simplificación orgánica del Estado.
Dicha reforma extingue la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y da paso a la Comisión Nacional Antimonopolio, un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Economía.
Esta nueva entidad contará con personalidad jurídica, autonomía de gestión e independencia técnica y operativa, y tendrá la misión de garantizar la libre competencia en los mercados, investigar prácticas monopólicas y combatir concentraciones económicas indebidas, todo ello con enfoque en el interés público y el bienestar de las y los mexicanos.
En una sesión calificada como “exprés” por legisladores opositores, también se aprobó una segunda reforma relevante: la modificación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
Estas enmiendas, también promovidas por la presidenta Sheinbaum, incorporan nuevas actividades consideradas vulnerables, como el uso de fideicomisos, desarrollos inmobiliarios y activos virtuales (criptomonedas), así como mayores obligaciones para notarios, corredores públicos y organizaciones civiles en cuanto a la vigilancia y reporte de transacciones y donaciones.
Las reformas también establecen un nuevo criterio sobre Personas Políticamente Expuestas (PEP), que ahora abarcará a todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno y sus colaboradores, lo cual generó preocupación en la oposición.
Las reformas fueron aprobadas en tiempo récord: en menos de tres horas se discutieron 109 reservas, de las cuales la mayoría fueron retiradas o sólo inscritas en la Gaceta Parlamentaria. La votación en lo particular registró 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones.
El diputado panista Héctor Saúl Téllez alertó que si bien hay avances, como la regulación de criptomonedas, también hay riesgos, como la posible eliminación del secreto bancario y el uso de datos personales sin control judicial, lo cual “afectaría a prácticamente todos los mexicanos”.
Por su parte, Juan Ignacio Samperio, de Movimiento Ciudadano, advirtió que, aunque es necesario combatir el blanqueo de capitales, las reformas sacrifican libertades fundamentales en nombre de la seguridad financiera.
Pese a las críticas, la mayoría legislativa defendió que estas reformas colocan a México en sintonía con los estándares internacionales y fortalecen la rectoría económica del Estado con eficiencia, honradez y transparencia. Ambas minutas serán remitidas al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor.
Con estas medidas, el gobierno de la Cuarta Transformación avanza en el rediseño de sus instituciones económicas y financieras, consolidando su visión de un Estado fuerte y vigilante frente a abusos de poder económico y delitos de cuello blanco.
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