Por Alejandro Castañeda
MORELIA, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- La defensa de las tierras comunales, los bosques y los recursos naturales fue una de las principales causas que llevaron a diversos pueblos p’urhépecha a participar en la Revolución Mexicana, de acuerdo con una reconstrucción histórica difundida por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), elaborada por Pavel Ulianov Guzmán.
El documento señala que, durante el Porfiriato, las comunidades originarias enfrentaron el despojo de sus territorios y la explotación de sus recursos, favorecidos por disposiciones legales que facilitaron la privatización de tierras y el establecimiento de compañías extranjeras dedicadas a actividades forestales y agrícolas.
Durante el gobierno de Aristeo Mercado, iniciado en 1891, se promovió la inversión extranjera y la privatización de la propiedad rural. Las regiones p’urhépecha de la Meseta, el Lago de Pátzcuaro, la Cañada de los Once Pueblos y la Ciénega de Zacapu despertaron el interés de inversionistas por sus tierras, recursos hídricos y bosques.
Entre los instrumentos legales que facilitaron ese proceso, el texto identifica disposiciones de 1856, 1875, 1883 y 1902, esta última relacionada con el arrendamiento de montes de la sierra por periodos de hasta 30 años.
Explotación forestal y despojo de tierras
En la Meseta P’urhépecha, la explotación maderera se convirtió en uno de los principales motivos de inconformidad. Entre las empresas señaladas estaba la Compañía Industrial de Michoacán S. A., dirigida por el empresario estadounidense Santiago Slade Junior.
Según el CSIM, los contratos de arrendamiento de bosques se establecían frecuentemente en condiciones desfavorables para las comunidades, cuyos representantes enfrentaban presiones y amenazas para facilitar el aprovechamiento de los recursos forestales.
Uno de los casos mencionados ocurrió en Cherán, donde Federico Hernández Tapia fue asesinado después de oponerse a un contrato de arrendamiento considerado abusivo. También se registraron conflictos por invasiones de terrenos comunales en Nurío y Cherán Atzicurín.
En Zacapu, Pátzcuaro y la Cañada, las demandas se concentraron en recuperar tierras acaparadas por haciendas como Cantabria, Bellas Fuentes, Buenavista, El Cortijo, Casa Blanca, Huiramba y San José Huecorio. El control de terrenos agrícolas, bosques, ríos y manantiales afectó las formas tradicionales de subsistencia. El desplazamiento de cultivos para consumo comunitario por productos destinados a la exportación contribuyó a las dificultades de abastecimiento, como ocurrió durante las crisis de maíz de 1908 y 1910.
Participación indígena en el movimiento armado
Con el inicio de la Revolución en 1910, distintos pueblos p’urhépecha se incorporaron a la lucha, primero vinculados con el maderismo y posteriormente con fuerzas zapatistas, villistas y constitucionalistas. Sin embargo, sus demandas agrarias continuaron como una de sus principales reivindicaciones.
Entre los personajes mencionados figura Juan C. de la Cruz, originario de Tarejero, quien se sumó a la rebelión el 20 de noviembre de 1910 y permaneció en las filas maderistas hasta marzo de 1911. Después regresó a su comunidad y continuó promoviendo la devolución de las tierras comunales.
También destaca Casimiro López Leco, de Cherán, quien en 1913 encabezó una fuerza de aproximadamente 150 hombres para enfrentar la explotación forestal y defender a su comunidad. El documento menciona además a Eutimio Díaz, vinculado con la lucha de Nurío; Nieves Cardiel, relacionado con Cherán Atzicurín y el Partido Agrarista Mexicano, y Félix C. Ramírez, participante en la defensa de los bosques de Paracho.
Otros levantamientos ocurrieron en Pamatácuaro y Aranza. En 1912, habitantes de Huáncito y Carapan también se organizaron para defender sus localidades ante incursiones de grupos armados.
Las mujeres en la resistencia comunitaria
La reconstrucción histórica destaca el papel de las mujeres p’urhépecha en la supervivencia de sus comunidades. Ante la pérdida de tierras y la reducción de los ingresos familiares, desarrollaron actividades productivas como la alfarería, la cestería y la elaboración de sombreros, cobijas y sarapes.
Estas labores contribuyeron a sostener la economía de los hogares y cubrir necesidades de alimentación y vestido, en un contexto de pobreza y explotación en el que el trabajo asalariado como peones resultaba insuficiente.
Una restitución agraria gradual
El CSIM señala que la restitución de tierras avanzó lentamente después del conflicto armado. Los problemas de concentración territorial persistieron durante los primeros gobiernos posrevolucionarios y las reformas cobraron mayor impulso durante la administración de Francisco J. Múgica.
Como parte de ese proceso, el documento refiere que entre 1924 y 1925 fueron asesinados 250 agraristas, de los cuales 113 eran p’urhépecha. Asimismo, indica que entre 1922 y 1928 se distribuyeron 88 mil 243 hectáreas en Michoacán, de manera definitiva o provisional, mediante la organización de comunidades y sindicatos agraristas.
La reconstrucción del Consejo Supremo Indígena subraya que la participación p’urhépecha en la Revolución no se limitó a su incorporación a distintos ejércitos. Su lucha mantuvo como ejes la defensa del territorio, la recuperación de los bienes comunales y la preservación de sus formas de organización.









