Por Celfia Duarte Casarez
La lucha de las mujeres dentro de los partidos políticos no se ha dado por concesión, sino por insistencia, organización y resistencia. Cada avance normativo que hoy existe es resultado de décadas de trabajo colectivo para abrir espacios, disputar presupuestos y construir condiciones reales de igualdad. Por eso, cuando una conquista legal se dilata, se omite o se posterga, no se trata de un error administrativo menor: se trata de una forma de violencia institucional que impacta directamente en la vida y el trabajo de las mujeres.
En noviembre pasado, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó por mayoría una reforma al Código Electoral que incrementa del 3 al 8% el porcentaje del financiamiento público que los partidos políticos deben destinar a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. La reforma fue dictaminada por la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana con un objetivo claro: fortalecer las habilidades y los liderazgos femeninos, promover la igualdad sustantiva y contribuir a la erradicación de la violencia política por razones de género.
El dictamen lo dice con claridad: este recurso no solo beneficia a quienes aspiran a cargos de elección popular, sino que busca construir una base sólida de liderazgos femeninos dentro de los partidos. Es decir, es una herramienta estratégica para transformar la política desde sus cimientos.
Sin embargo, lo que debió ser un avance inmediato se convirtió en una omisión grave. De acuerdo con la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, y al no existir veto por parte del Ejecutivo, el decreto debió publicarse a más tardar el 10 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado. No ocurrió. Pese a que se solicitaron informes a la presidencia correspondiente, no hubo respuesta. El decreto fue publicado hasta el 12 de enero, dejando sin efectos prácticos el incremento presupuestal para el ejercicio en curso.
¿Omisión o dolo? Esa es una pregunta que hoy sigue sin respuesta. Lo que sí es claro es el resultado: mujeres sin presupuesto, sin herramientas y sin condiciones para desarrollar su trabajo político en un estado marcado por profundas desigualdades.
Las principales afectadas no son abstractas ni lejanas. Son mujeres indígenas, afromichoacanas, militantes de base, lideresas comunitarias y mujeres de las regiones más vulnerables de Michoacán. Son ellas quienes dependen de estos recursos para formarse, organizarse y defender su derecho a participar en la vida pública en condiciones de dignidad.
Esta falta de congruencia institucional contrasta con el discurso feminista que hoy se enarbola desde distintos espacios de poder, incluido el proyecto nacional que encabeza la presidenta la Dra. Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado que no puede haber transformación sin igualdad sustantiva. Cuando los hechos no acompañan a las palabras, el mensaje que se envía es preocupante: que los derechos de las mujeres pueden esperar.
Esta columna no busca confrontar, pero sí exigir coherencia. Al Poder Legislativo le corresponde explicar, asumir responsabilidades y garantizar que lo aprobado se cumpla en tiempo y forma. A los partidos políticos, honrar la lucha feminista más allá del discurso, asegurando que los recursos lleguen a quienes históricamente han sido excluidas.
La igualdad no se posterga sin consecuencias. Cada día de retraso también es una forma de violencia. Y frente a ello, las mujeres seguiremos alzando la voz, no por privilegio, sino por justicia.
