Las comisiones legislativas avalaron restablecer, por única ocasión, la antigua Comisión de Rectoría para designar a quien releve a Yarabí Ávila en 2027; horas después, la rectora anunció que el Consejo Universitario aprobó su propio reglamento de sucesión. La controversia podría terminar en los tribunales
3 de noviembre del 2026.- La sucesión en la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) escaló a una confrontación entre el Congreso del Estado y la rectora Yarabí Ávila González. Mientras las comisiones legislativas acordaron avanzar con una reforma para recuperar el antiguo método de designación, la titular de la institución anunció que el Consejo Universitario aprobó un reglamento propio para conducir el relevo de enero de 2027.
El conflicto enfrenta dos rutas distintas: la propuesta legislativa plantea que, por única ocasión, una Comisión de Rectoría vuelva a designar a la próxima persona titular de la Universidad y que el nuevo modelo de participación universitaria se aplique hasta 2031. Por su parte, Ávila González defiende que la sucesión se realice conforme al procedimiento aprobado por los órganos universitarios.
Las comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales del Congreso de Michoacán acordaron declarar procedente el dictamen que propone restablecer, para la sucesión de 2027, la antigua Comisión de Rectoría.
El proyecto plantea que este órgano esté integrado por ocho personas, cinco de ellas exrectores, y recupere facultades para nombrar y remover al rector por causa grave, además de resolver conflictos entre la Rectoría y el Consejo Universitario.
La medida modificaría sustancialmente el esquema establecido en la reforma a la Ley Orgánica de 2025, que contempla la participación de los sectores estudiantil, docente y administrativo en el proceso de selección. Con el régimen transitorio propuesto, ese mecanismo quedaría aplazado hasta 2031.
La iniciativa original fue presentada el 23 de septiembre por Francisco Javier Domínguez Mota, Jesús Eduardo Mendoza Gómez, Alfonso Castañeda Cervantes y Ricardo Miguel Pérez Munguía. Sus promoventes argumentaron que la Universidad incumplió el plazo de 190 días hábiles establecido para adecuar su normativa y reglamentar el nuevo procedimiento, cuyo vencimiento ocurrió en febrero pasado.
Horas después de que avanzara la propuesta legislativa, Yarabí Ávila difundió un mensaje en redes sociales institucionales para anunciar que el Consejo Universitario aprobó el Reglamento para elegir a la próxima persona titular de la Rectoría.
La rectora sostuvo que su publicación en la Gaceta Universitaria marca la entrada en vigor del documento y exigió retirar del orden del día del Congreso la reforma sobre la sucesión.
Además, acusó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de intervenir en las decisiones de la Universidad y atribuyó la iniciativa legislativa a intereses políticos.
“Los tiempos de la Universidad son los tiempos de la Universidad, no los tiempos del Gobernador, ni los tiempos de los intereses políticos o de las coyunturas electorales”, expresó.
Ávila González calificó la intención de modificar el mecanismo como un intento de quitarle voz a la comunidad universitaria y afirmó que hacerlo sería “un cuartelazo con ropaje de ley”. También rechazó los señalamientos contra su administración incluidos en la exposición de motivos del dictamen y sostuvo que enfrenta violencia política en razón de género.
Sin embargo, la aprobación del reglamento también generó inconformidad entre algunos integrantes del Consejo Universitario. De acuerdo con los cuestionamientos difundidos sobre la sesión virtual, consejeros señalaron que no recibieron con anticipación el documento definitivo y que tuvieron restricciones para intervenir durante la discusión. Estas denuncias deberán valorarse por las instancias correspondientes y no representan, por sí mismas, una resolución sobre la validez del acuerdo.
La propuesta del Congreso también enfrenta objeciones jurídicas. La Universidad ha advertido que el regreso al antiguo método podría contravenir el artículo 143 de la Constitución de Michoacán, que establece la elección democrática de la autoridad universitaria con participación de sus sectores.
Otro punto de controversia son las 4 mil 301 firmas que respaldan la iniciativa ciudadana. La discusión jurídica plantea que estas no necesariamente sustituyen la consulta previa a la comunidad universitaria y a sus órganos de gobierno que exige la Ley General de Educación Superior.
También se cuestiona que la reforma tenga un carácter excepcional y se aplique exclusivamente a la sucesión de 2027, lo que podría abrir un debate sobre la posibilidad de que se trate de una disposición dirigida a un caso concreto.
A ello se suma que el dictamen incorpora once señalamientos contra la administración de Ávila González, relacionados con presuntas irregularidades administrativas, conflictos laborales, derechos universitarios y uso político de la institución, sin que el documento acredite resoluciones firmes que determinen responsabilidades.
La rectora anunció que inició una ruta jurídica para promover juicios de amparo, pidió retirar el punto de la agenda legislativa y solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La procedencia de eventuales impugnaciones corresponderá determinarla a las autoridades jurisdiccionales.
La controversia también llegó a las bancadas legislativas. El diputado priista Guillermo Valencia Reyes anunció que votará contra la reforma, al considerar que representa un retroceso frente al modelo de participación universitaria aprobado en 2025.
“Dicen una cosa y hacen otra”, expresó el legislador, quien cuestionó que se pretenda aplazar hasta 2031 el nuevo procedimiento.
Valencia sostuvo que la modificación devolvería el control de la designación a la antigua Comisión de Rectoría y llamó a sus compañeros a rechazar el dictamen. “Hay muchos que con sus palabras defienden la autonomía de la Universidad y con sus votos la traicionan”, señaló.
En contraste, la diputada Eréndira Isauro Hernández, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió la propuesta al argumentar que el incumplimiento de los plazos para reglamentar el nuevo modelo obliga a establecer un mecanismo transitorio que dé certeza a la sucesión.
El dictamen deberá ser discutido y votado por el Pleno del Congreso para convertirse en decreto. Por tanto, el regreso a la antigua Comisión de Rectoría todavía no es una decisión definitiva.
La disputa ya coloca frente a frente al Poder Legislativo y a la Rectoría, con dos procedimientos distintos para definir quién encabezará la Universidad a partir de enero de 2027. En el fondo, el debate no solo es sobre quién conducirá la UMSNH, sino sobre los límites de la intervención del Congreso, la autonomía universitaria y la participación de su comunidad en la sucesión.
