Un siguiente paso dentro del Sistema Estatal Anticorrupción es aterrizar en el Congreso del Estado una ley efectiva en materia de Remuneraciones de los Servidores Públicos, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política en la LXXIII Legislatura local, Ángel Cedillo Hernández.
El también coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado apuntó que pese a que en Michoacán existe una norma vigente en la materia, el problema es que ésta carece de los mecanismos adecuados para hacerla efectiva, lo que ha dado pie a que de manera discrecional se definan los montos de los sueldos de servidores públicos, con una problemática acentuada en los municipios.
Ángel Cedillo recordó que en diferentes momentos y Legislaturas han existido esfuerzos para regular los sueldos de quienes desempeñan una función pública sin que hayan cristalizado, por lo que hoy más que nunca existe la coyuntura propicia para hacerlo.
El presidente de la Comisión de Justicia añadió que “en la LXXIII Legislatura se logó cristalizar tanto en lo normativo como en lo práctico el Sistema Estatal Anticorrupción, lo que da el impulso necesario para concretar lo que ha sido una exigencia de la sociedad por años: claridad en las percepciones de los servidores públicos”.
Consideró que para obrar con el ejemplo, los diputados locales podrían analizar, dictaminar y aprobar a la brevedad una nueva norma con la idea de que sea aplicable para el próximo ejercicio fiscal.
Recordó que ante tal situación financiera por la que atraviesan diversos estados del país, los funcionarios y servidores públicos están obligados a sujetarse a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, mediante un régimen de remuneraciones equitativo e igualitario que sea transparente hacia la ciudadanía.
Ángel Cedillo mencionó que en el país “es injusto seguir asignando salarios excesivos a la función pública, pues en varios de los casos el salario fijo que recibe en un mes un funcionario público, lo gana un trabajador en un año o más, esto sin contar las percepciones extraordinarias, los sueldos excesivos de que estos gozan se convierten en una carga onerosa para el erario público”.
