La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió el procedimiento para que le sean pagados los recursos adeudados desde otras administraciones estatales.
Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2019.- El Ayuntamiento de Morelia promueve una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que le sean pagados recursos federales que han sido retenidos por el gobierno del estado.
De acuerdo con el sitio Revolución 3.0, dicha controversia constitucional ya fue admitida por el máximo órgano de justicia nacional, registrado dentro del expediente 327/2019, en donde la ministra encargada de elaborar el proyecto de sentencia es Norma Lucía Piña Hernández.
“La querella moreliana promovida por la síndica Labinia Aranda Ortega en su carácter de representante legal del ayuntamiento es contra el Poder Ejecutivo del estado y la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, por omisión en ministrar recursos al municipio provenientes de diversos fondos federales” refiere la publicación.
Los montos de estos recursos que han dejado de pagarse debían entregarse al ayuntamiento en 2007 y 2015 y hasta el momento siguen pendientes, mismos que en total ascienden a 56 millones 950 mil 210.85 pesos.
“Casi 12 años han transcurrido desde que el Ejecutivo estatal debió entregar a Morelia ocho millones 239 mil 882.85 pesos correspondientes a la ministración de diciembre del Fondo General de Participaciones, y que jamás lo hizo, por lo que ahora tal situación es parte de la controversia ante la Corte”, refiere la información firmada por Patricia Monreal.
Otros dos montos mencionados corresponden al año 2015, uno por 14 millones 827 mil 287 pesos de la ministración de septiembre del Fondo General de Participaciones, así como otro monto por 33 millones 883 mil 41 pesos del Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales.
La presunta ordeña de recursos de origen federal a los municipios por parte del gobierno del estado, recuerda la información, es una práctica común por lo menos de la administración estatal encabezada por Lázaro Cárdenas Batel a la fecha, pasando por las de Leonel Godoy, Fausto Vallejo, Salvador Jara y ahora la de Silvano Aureoles Conejo.
La controversia constitucional es una ruta legal que los ayuntamientos han encontrado para lograr les sean pagados los recursos que por ley les corresponden desde administraciones anteriores, plantea el texto.
