Morelia, Michoacán, 24 de abril del 2019.- Con el propósito de contribuir a la gobernabilidad en los municipios, el diputado Alfredo Ramírez Bedolla propuso al pleno del Congreso del Estado reformar la Ley Orgánica Municipal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, en razón de las cuales jefes de tenencia y autoridades indígenas podrán solicitar la instalación de juzgados comunales en sus demarcaciones.
El diputado de Morena refirió que en sus recorridos por diversos municipios del estado, autoridades municipales e indígenas han manifestado su interés en la habilitación de los llamados jueces de paz; es decir, una figura jurídica que al tener facultades para resolver conflictos menores ayudaría a evitar que la conflictividad social escale por falta de atención oportuna.
Un figura similar ya es considerada en la Ley Orgánica del Poder Judicial bajo la denominación de Juzgados Comunales, puntualizó Ramírez Bedolla; sin embargo, su creación es facultad exclusiva y a criterio del Consejo del Poder Judicial, por lo que su implementación en Michoacán todavía es limitada.
El legislador afín a la cuarta transformación propone reformar el Artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal para que el Consejo del Poder Judicial determine el establecimiento de juzgados comunales a solicitud de autoridades indígenas y jefes de tenencia, cuando las condiciones sociales, democráticas, geográficas e históricas de sus localidades ameriten la existencia de una figura con facultades legales para conciliar en conflictos del orden civil, familiar y mercantil.
En la reforma a la Ley Orgánica Municipal, Alfredo Ramírez clarifica las funciones de los jefes de tenencia y les atribuye, entre otras facultades, las de representar jurídicamente al municipio, implementar medidas conciliatorias que tengan por objeto resolver conflictos menores entre los pobladores de su demarcación, y solicitar al Poder Judicial la instalación de Juzgados Comunales.
Alfredo Ramírez recalcó que con estas reformas busca fortalecer a los gobiernos municipales dándoles herramientas jurídicas para contener la conflictividad social en sus localidades, contribuyendo así a generar mejores condiciones de gobernabilidad en los municipios de Michoacán.
