19 de enero del 2026.- El empresario Ricardo Salinas Pliego deberá cubrir en el transcurso de esta semana un adeudo fiscal superior a los 51 mil millones de pesos, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificara formalmente a sus empresas el requerimiento de pago, informó este martes el titular del organismo, Antonio Martínez Dagnino, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con el jefe del SAT, los requerimientos de cobro fueron enviados el 9 de enero y la notificación oficial fue recibida por Grupo Salinas el jueves pasado, por lo que, conforme al Código Fiscal de la Federación, el plazo legal de cinco días hábiles para cumplir con el pago comenzó a correr a partir del viernes. “Eso significa que el término vence esta misma semana”, precisó el funcionario.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el cobro deriva de sentencias firmes emitidas por tribunales, cuya legalidad fue confirmada tras el desechamiento de los últimos recursos promovidos por el empresario, incluida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese contexto, subrayó que el proceso se desarrolla conforme a la ley y sin excepciones.
Sheinbaum señaló que, en caso de que exista voluntad de pago, la legislación permite solicitar un ajuste o descuento sobre el monto total, el cual podría alcanzar hasta 39 por ciento, siempre y cuando se cumplan los criterios establecidos en las sentencias judiciales y en la normatividad fiscal vigente.
Por su parte, Martínez Dagnino reiteró que el SAT ya agotó las instancias legales y administrativas correspondientes, por lo que el adeudo es exigible. “A partir de que surte efectos la notificación, el Código Fiscal es claro: hay cinco días para cubrir el monto”, enfatizó.
El adeudo fiscal de Grupo Salinas se arrastra desde hace varios años y corresponde a resoluciones definitivas por impuestos no pagados, cuya procedencia fue ratificada por el máximo tribunal del país. Con el inicio del plazo legal, esta semana será clave para definir si el empresario cumple con el pago o solicita formalmente los mecanismos previstos por la ley para su regularización.
