14 de enero del 2026.- El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y dueño de TV Azteca, acudió este día a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una queja contra el Estado mexicano, al que acusó de emprender una “persecución política” en su contra desde 2023, derivada, según su versión, de su participación en el debate público y sus críticas al gobierno.
De acuerdo con un comunicado de Grupo Salinas, el magnate se reunió en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, para solicitar que el organismo “declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano” y ordene garantías de no repetición que, afirmó, restablezcan la independencia judicial y protejan la libertad de expresión y el derecho de propiedad en México.
En la denuncia, Salinas Pliego sostuvo que sus empresas han sido objeto de una “persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada”, la cual, aseguró, tendría como finalidad restringir su libertad de expresión. En ese contexto, acusó a medios públicos y a vocerías oficiales del gobierno, incluidas las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, de emprender ataques sistemáticos para dañar su reputación y “silenciar la disidencia”.
A través de un video difundido en redes sociales desde el exterior de la OEA, el empresario justificó su recurso ante la CIDH por lo que llamó “acoso en las mañaneras”, al referirse a las menciones públicas sobre los adeudos fiscales de sus compañías. “Más de 600 menciones de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, evasión fiscal, bla, bla, bla”, expresó.
En su posicionamiento, el conglomerado empresarial también cuestionó las determinaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que desde hace más de una década reclama créditos fiscales multimillonarios a empresas del grupo por operaciones contables irregulares. Salinas Pliego afirmó que, pese a su “disposición para resolver obligaciones tributarias conforme a la ley”, el Estado ha respondido con “trato discriminatorio” y con un fin “coercitivo y no recaudatorio”.
Sin embargo, los adeudos fiscales de Grupo Salinas han sido litigados durante casi dos décadas y, tras perder en diversas instancias, los casos llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el año pasado negó el amparo solicitado por el corporativo. Con ello, se permitió a la hacienda pública cobrar más de 70 mil millones de pesos correspondientes a impuestos no pagados por Elektra y TV Azteca, de acuerdo con cifras oficiales.
