22 de diciembre del 2025.- Durante la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria del Cabildo de Morelia, las regidoras Edna Martínez Nambo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Mariana Orozco, de Morena, manifestaron su rechazo frontal al dictamen mediante el cual el Ayuntamiento pretende desincorporar y vender diversos predios municipales a valor catastral y no a valor comercial, lo que calificaron como un grave atentado contra el patrimonio de las y los morelianos.
Ambas regidoras coincidieron en que la propuesta impulsada por la administración del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar representa un intento de “regalar” bienes públicos, afectando directamente a colonias completas del municipio y comprometiendo espacios que deberían destinarse al beneficio social.
En su posicionamiento, la regidora Mariana Orozco afirmó que lo que se pretendía votar en la sesión no era un asunto menor, sino el dictamen más importante del ejercicio fiscal 2025, ya que involucra al menos 46 bienes inmuebles ubicados en colonias como Jardines de la Aurora, San Pedro (perteneciente a Santiago Undameo), La Nueva Floresta, Villas de Oriente, Villas del Pedregal, Villa Magna, entre otras.
Martinez Nambo denunció que el procedimiento estuvo viciado desde su origen, al no cumplirse con la normativa interna del Cabildo.
Detalló que el dictamen fue enviado a los integrantes de la comisión apenas el jueves 18 de diciembre a las 11:30 de la noche, cuando la sesión de comisiones se llevó a cabo el viernes 19, impidiendo un análisis técnico serio y responsable.
A ello se sumó la entrega tardía del anexo donde se especifican colonias, superficies y valores catastrales, documento que, aunque se afirmaba que ya formaba parte del dictamen, fue remitido hasta el mismo día de la comisión.
“Eso no solo es una irregularidad administrativa, es una falta de respeto para este Cabildo y para la ciudadanía”, señaló.
Las regidoras recordaron que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, en su artículo 159, establece que la desincorporación de bienes de dominio público solo puede realizarse cuando se cumplan tres requisitos fundamentales: un dictamen que justifique la desincorporación, la localización y mapa de los bienes, y la especificación clara del aprovechamiento que se dará a los mismos.
Sin embargo, denunciaron que solo se cumplió parcialmente con uno de estos puntos, mientras que el resto fue sustentado únicamente en declaraciones verbales del director de Patrimonio durante la sesión de comisión.
Mariana Orozco advirtió que la propia ley señala que, cuando no se cumplen estos requisitos, no se puede proceder a la desincorporación, y que, de hacerlo, los funcionarios involucrados pueden incurrir en responsabilidades administrativas conforme a la ley estatal. Incluso, señaló que el acto podría ser objeto de un juicio de nulidad, desde el dictamen hasta la notificación de los anexos.
Uno de los puntos más polémicos del dictamen fue la intención de desincorporar los bienes a valor catastral, lo que ambas regidoras calificaron como una “burla” para la ciudadanía.
Como ejemplo, Orozco citó el caso del predio ubicado en Cumbres de la Toscana, con una superficie de 9 mil 604 metros cuadrados, cuyo valor catastral aparece en el documento en apenas 22 centavos, proponiéndose su desincorporación por poco más de 2 mil pesos, cuando su valor comercial real supera los 2 millones 400 mil pesos.
Otro caso mencionado por la priista fue el de Chapultepec Oriente, donde un terreno de 920 metros cuadrados se valora catastralmente en 500 pesos por metro cuadrado, arrojando un total de 460 mil pesos, mientras que su valor comercial ronda los 9 millones de pesos.
Además, denunciaron que en el anexo existen predios que incluso aparecen sin valor catastral, como uno ubicado en la zona de Abastos, lo que evidencia la falta de información completa y transparente.
Las regidoras subrayaron que la ley también exige que se justifique plenamente que los bienes han dejado de ser útiles para el servicio público, requisito que —aseguraron— tampoco se cumple en el dictamen presentado.
A ello se suma el hecho de que las y los regidores fueron convocados a una reunión informativa apenas media hora antes de la sesión, pretendiendo que en ese lapso se dimensionara la gravedad de vender 46 bienes inmuebles del municipio.
En el debate, también se cuestionó el argumento de que la venta de estos predios sea necesaria para sanear las finanzas municipales, al considerar que ello evidencia la falta de planeación, disciplina fiscal y un presupuesto responsable por parte de la administración municipal.
“Si para cubrir pasivos de corto y largo plazo tenemos que vender el patrimonio de los morelianos, entonces no existe una planeación adecuada de los recursos públicos”, señalaron
